El triunvirato al frente del gobierno formado por Pérez Molina, Baldetti y Sinibaldi se llevaba casi la mitad del soborno, según confesó Sinibaldi a la FECI. El compromiso con la empresa era cobrar un ocho por ciento del total del contrato a cambio de su aprobación. Como arquitecto detrás de las transferencias, a Sinibaldi le correspondía el 1.5 por ciento del costo total de la obra, mientras que a Pérez Molina y Baldetti les tocaba uno por ciento para cada uno.

Expresidente Otto Pérez Molina y exvicepresidenta Roxana Baldetti durante un recorrido por la cárcel de Pavón en octubre de 2014. Foto Oliver de Ros.
Este compromiso para cobrar sobornos por un ocho por ciento del costo del proyecto representaba US$ 31.95 millones, alrededor de Q242.83 millones. De este monto, según la acusación de la Fiscalía, Sinibaldi habría recibido US$19.7 millones (alrededor de Q146 millones) para repartirlos entre la estructura criminal.
El testimonio judicializado del directivo de Odebrecht, Lima Machado, confirma este acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones. “(…) tuve alrededor de cuatro reuniones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y después nos reunimos en la que conocíamos como la ‘Casa Verde’ indicando que él iba a trabajar para el proyecto”. En estas reuniones además participaban los ex viceministros del CIV Rubén Mejía y Guillermo Sosa, relata el empresario.
Este testimonio del directivo fue obtenido gracias a un acuerdo firmado por la fiscalía guatemalteca en Brasil. El directivo comenzó a trabajar en Odebrecht en 1997 luego de graduarse como ingeniero civil. Entre 2004 y 2011 fue director de contratos de la empresa en República Dominicana, pero a partir de 2010 comenzó a viajar a Guatemala en busca de nuevas obras. Lima Machado y otros directivos además proveyeron información documental como registros de las transferencias bancarias de cuentas creadas por la estructura de Sinibaldi para recibir los sobornos.
Antes de la aprobación de los préstamos y la adjudicación de la obra, en octubre de 2012, Lima Machado refiere que Sinibaldi le pidió un adelanto de los sobornos.
“Entre agosto y septiembre de 2012 Alejandro Sinibaldi me dijo que le diera algo, para que el Congreso aprobara, yo le dije que ni llevaría esta solicitud a la compañía porque no teníamos operación en el país y estábamos muy lejos del contrato”, refiere el directivo.
Luis Mameri accedería a un pago de comisiones del 7.5 por ciento pedido por Sinibaldi hasta enero de 2012, en una nueva reunión conjunta. El entonces ministro dio un ultimátum: “eso no va, si no me da mi parte, no va a caminar los trámites que faltan para arrancar el proyecto”, aseguró Machado.
El propio Sinibaldi confirmó en su testimonio este regateo por el cobro de sobornos e indicó que Lima Machado le aseguró “que no podían dar más por política de la empresa, ya que la misma impedía pagar más de un 8%, monto que debía incluir lo acordado para nosotros, además del costo de la aprobación por el Congreso de la República y gastos adicionales”.
Las condiciones de Odebrecht para entregar los recursos incluían que el pago de los sobornos se realizará en el extranjero y que no fuera en efectivo.
Según Sinibaldi, la empresa ya había pagado un 1 por ciento del contrato a funcionarios del gobierno saliente de la UNE, para agilizar el trámite de la gestión de los préstamos. El jefe de bloque del partido en 2012, el diputado Mario Taracena, niega cualquier recepción de fondos por parte de los congresistas o el partido. Aseguró que los votos comprometidos para la aprobación del contrato eran en seguimiento a una política del gobierno de Álvaro Colom que había iniciado la negociación por los préstamos.
Los registros de la iniciativa de ley con la que se contrajeron los préstamos y adjudicó la obra a Odebrecht, más el testimonio del directivo Lima Machado muestran que los primeros contactos formales entre el gobierno de Guatemala y la compañía se dieron en 2010. Las gestiones prosiguieron en 2011, pero al acercarse los comicios de ese año ya no había margen para lograr una aprobación de parte de ese Congreso.
La disputa por los sobornos entre la vicepresidenta y el ministro
El control sobre el PP, inscrito en junio del 2002, y más tarde sobre el gobierno, residía en tres actores: el general Otto Pérez Molina, exjefe del Estado Mayor Presidencial y firmante de los Acuerdos de Paz, que impulsó la creación del partido con miras de alcanzar la presidencia. La segunda fuerza era Roxana Baldetti, ex subsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia y más tarde diputada por el PP, quien controlaba los hilos administrativos del partido y dirigió buena parte de las campañas electorales del 2007 y 2011.
El otro vértice de este triángulo era Alejandro Sinibaldi Aparicio, empresario guatemalteco con inversiones en los sectores de la publicidad, turismo, agricultura y ganadería, entre otros.
El reparto de un 3.5 % del soborno de Odebrecht para estas tres figuras, según la confesión de Sinibaldi, no puede entenderse sin el rol que cada uno tenía en la estructura de poder del PP en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Una fuente que forma parte de la élite política de Guatemala, y que tiene un amplio conocimiento sobre los grupos de poder en el país, indica que estas tres figuras formaban una especie de triunvirato: “La jefatura la tenía el general Pérez Molina, la estructura del partido la controlaba Baldetti y Sinibaldi tenía muchos de los principales contactos con el sector privado y la estructura metropolitana del partido”, dice la fuente reservada.
Sinibaldi incluso apuntaba a convertirse en el relevo de Pérez Molina y fue proclamado como precandidato presidencial en septiembre de 2014, pero sus aspiraciones cayeron junto a las denuncias de corrupción contra el presidente y la vicepresidenta que provocaron sus dimisiones en 2015. Su salida del partido, de hecho, fue anunciada en una conferencia de prensa en sus oficinas particulares, en la “Casa Verde”, mencionada como un punto de encuentro para negociaciones y pago de sobornos.

Alejandro Sinibaldi durante una conferencia de prensa donde anunció su renuncia en la “Casa Verde” el 19 de abril de 2015. Foto Oliver de Ros.
En el Congreso de Guatemala, los hilos del poder eran movidos por Sinibaldi y Baldetti. El cruce de intereses, sin embargo, provocó fuertes diferencias que se resolvieron con un pacto en la distribución del soborno, según señala el exministro. Desde el inicio del gobierno del PP, en 2012, fue claro que Sinibaldi y Baldetti entraban en franco conflicto por el control del partido, según detallan dos fuentes de la agrupación en ambas facciones. Investigaciones realizadas por la CICIG y el MP en casos de corrupción ligados a ese gobierno también evidencian que entre las disputas estaba el control por el cobro de sobornos.
En su declaración, Sinibaldi señala que desde el inicio hubo una disputa por el cobro de los pagos de Odebrecht. La entonces vicepresidenta, según el exministro, intentó desplazar en esta tarea y designó al empresario Arturo Batres Gil como mediador ante la constructora. Este punto también es mencionado por el directivo Lima Machado.
Según Sinibaldi, el directivo brasileño le contó que “Roxana lo estaba presionando para llegar a un acuerdo económico con ella para que le adjudica el tramo carretero a Odebrecht y que lo estaba amenazando con que si no lo hacía, se lo adjudicaría a un grupo constructor dominicano”.
Baldetti “me presentó a Arturo Batres. Semanas después me llamó Arturo Batres para decirme que yo no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la Vicepresidencia de la República”, testificó Lima Machado.
Al final, según lo relatado por el propio Sinibaldi, después de muchas tensiones se dio una distribución de las tareas. El ministro, sus viceministros y operadores políticos en el Congreso se encargaron de una parte de la bancada del PP y de los pagos a los bloques de UNE y CREO, con ayuda de otros intermediarios, y de los bloques de Gana, el partido Todos y otros bloques menores. Estas labores de “gestión” ante los congresistas arrancaron en agosto de 2012 y continuaron hasta el mismo día de la votación del proyecto, el jueves 11 de octubre.
Baldetti, por medio del empresario Batres, se habría encargado del resto de la bancada del PP.
