Durante los primeros años de la Fundación Contra el Terrorismo, lo usual era que le rechazaran las denuncias o solicitudes de antejuicio desde su entrada a las instituciones de justicia. Aunque los datos estadísticos no permiten conocer con precisión el número de veces que esto ocurrió, las noticias publicadas por distintos medios de comunicación ofrecen un parámetro de la calidad de estas demandas planteadas.
A su vez, según el portal Antejuicio Visible, que recopila estas denuncias y que fue creado por una organización de sociedad civil que fiscaliza el sistema de justicia, entre 2016 y 2018 la Corte Suprema de Justicia no le dio trámite a ninguna de las 22 solicitudes de antejuicio que Méndez Ruiz, en calidad de presidente de la FCT, planteó contra funcionarios como Miguel Ángel Gálvez, la ex fiscal general Thelma Aldana y la ex magistrada Gloria Porras, hoy exiliados en Estados Unidos.
Tanto rechazo llevó a Méndez Ruiz a quejarse en su cuenta de Twitter sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señaló que encubren a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la entrevista para esta investigación, sostiene que esta última institución era controlada por Gloria Porras.
Los casos de la Fundación Contra el Terrorismo avanzaron luego del nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general en 2018, la salida de la CICIG en 2019 y el cambio de la Corte de Constitucionalidad. Ella fue designada en ese cargo por el entonces presidente Jimmy Morales.
Guatemala Leaks solicitó una entrevista con la fiscal general, y su vocero, Juan Luis Pantaleón, solicitó conocer el tema por tratar. Después de la explicación, no hubo respuesta.
Los magistrados que integran la Corte Suprema que rechazaba in limine la mayoría de los procesos legales presentados por la Fundación contra el Terrorismo son los mismos que fueron designados en 2014 por una alianza entre el Partido Patriota y el opositor Partido Líder, cuyos fundadores y líderes, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón, están encarcelados por causas impulsadas por la CICIG y la FECI.
Son los mismos que se mantienen en su cargo tres años después ante la falta de elección por parte del Congreso de la República y que ahora ha dado trámite a todos los procesos presentados por la FCT. La salida de la CICIG en 2019 y, luego, la de Juan Francisco Sandoval en 2021, son los hechos que distinguen un período del otro.
Guatemala Leaks solicitó al equipo de comunicación de la Corte Suprema de Justicia una entrevista o pronunciamiento sobre el cambio de criterio en los casos de la Fundación Contra el Terrorismo, pero no se recibió una respuesta.
Méndez Ruiz dice que cree que una de las razones por las que ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptan sus casos es que ya no sienten «temor” de Iván Velásquez, el último jefe de la CICIG.
“Antes no era independiente porque si usted procedía de forma contraria a los intereses de él le sucedía lo que le sucedió a la magistrada Blanca Stalling”, dice.
La magistrada, capturada con una peluca y lentes oscuros, había sido procesada por el delito de tráfico de influencias, pero le fue retirado el cargo tras una serie de impugnaciones y luego de la disolución de la CICIG. La funcionaria fue señalada después de reunirse en su despacho con el juez que tenía a cargo el caso contra su hijo.
El juez la denunció tras ese encuentro.
Otro aspecto que, a juicio de Méndez Ruiz, resultó beneficioso para que los procesos avanzaran fue el cambio de la Corte de Constitucionalidad que se dio en abril de 2021, cuando el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados del Congreso, del Colegio de Abogados y de la Corte Suprema de Justicia lograron elegir magistrados afines y evitar la reelección de Gloria Porras.
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