El gobierno peruano anunció recientemente la destitución de Harvey Colchado, coronel de la Policía Nacional y hasta entonces líder de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). Esta unidad de élite, encargada de investigar casos de corrupción relacionados con altos funcionarios, fue disuelta tras casi dos años de funcionamiento. Junto a él, también fue relevado de su cargo Walter Lozano, uno de sus más estrechos colaboradores. La medida generó polémica y cuestionamientos de diversos sectores, quienes la consideran una represalia por investigaciones sensibles que molestan al poder político.
Colchado, reconocido por su participación en importantes operativos a lo largo de su carrera, afrontó un período de crecientes dificultades tras liderar el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte en marzo pasado. Esta operación, que formaba parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y falta de declaración de bienes, incluyó la búsqueda de relojes de lujo no registrados en el patrimonio del presidente. Aunque Boluarte no se encontraba en el domicilio durante el allanamiento, el procedimiento fue objeto de controversia por su ejecución y las implicaciones políticas que conllevó.
La investigación no sólo se centró en la presidenta, sino también en su hermano, Nicanor Boluarte, acusado de organizar redes de influencia para contratar funcionarios con fines políticos. Según la Fiscalía, algunos de estos funcionarios tenían la tarea adicional de recoger firmas para la formación de un nuevo partido político. Estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio de denuncias por tráfico de influencias y organización criminal.
El despido de Colchado fue justificado por el Ejecutivo bajo el argumento de una renovación institucional en la Policía Nacional, señalando que no se le podía asignar un cargo acorde a su perfil y antigüedad. Sin embargo, los críticos consideran que esta decisión refleja una represalia por su participación en casos que han expuesto supuestas irregularidades en altos niveles de poder.
En una declaración pública, Colchado expresó que él y su equipo estaban conscientes de las posibles consecuencias de sus acciones, pero enfatizó su compromiso con los principios de justicia y su negativa a ceder a las presiones políticas. «Sabíamos que esta pelea traería represalias. «Que quede claro que hay policías que no se venden ni se arrodillan ante intereses ilícitos», afirmó.
Su carrera en la Policía Nacional está marcada por hitos emblemáticos, como su participación en la operación Chavín de Huántar en 1997, que rescató a rehenes en poder del grupo subversivo MRTA, y la captura de Florindo Flores, alias Artemio, líder de un remanente de Camino Luminoso. Además, Colchado sirvió en direcciones antiterroristas y antidrogas tras graduarse como oficial en 1997.
El caso de Colchado también ha llamado la atención internacional, luego de que solicitara medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a policías acosados por el Ejecutivo. En su solicitud, mencionó amenazas de despido derivadas de su participación en investigaciones contra altos funcionarios, incluido el allanamiento de la residencia presidencial.
La destitución de este destacado funcionario, en un contexto de tensión entre instituciones, plantea interrogantes sobre la independencia de las investigaciones y el compromiso del gobierno peruano en la lucha contra la corrupción. La situación ha generado un debate nacional sobre el equilibrio entre las decisiones ejecutivas y la integridad de las instituciones encargadas de combatir delitos graves.