El Pleno del Congreso de la República analizará el miércoles 20 de noviembre la posibilidad de permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, así como la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura en sustitución de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ambas reformas constitucionales serán sometidas a segunda votación y requerirán al menos 87 votos a favor para su aprobación.
La propuesta de reelección inmediata implica una modificación a los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución. De aprobarse, permitiría que alcaldes y gobernadores sean reelegidos por un único mandato adicional consecutivo, manteniendo su mandato de cuatro años y sus derechos de revocación existentes. Esto significa que, según las nuevas disposiciones, los gobernadores regionales serían elegidos junto con sus vicegobernadores por voto directo y tendrían la opción de un segundo mandato consecutivo. Asimismo, alcaldes y concejales podrían optar a la reelección inmediata en las mismas condiciones.
Paralelamente se discutirá el Proyecto de Ley 6816/2023-CR, que propone cambios significativos a 14 artículos de la Constitución. Este proyecto destaca por su intención de disolver la JNJ, entidad encargada de la selección, evaluación y sanción de jueces y fiscales, y su sustitución por la Escuela Nacional de la Magistratura. Según el planteamiento del artículo 150, esta nueva institución se centraría en la formación y especialización de los aspirantes a jueces y fiscales, otorgándoles las calificaciones necesarias y supervisando su desempeño a lo largo de su carrera.
La reforma también introduce cambios al artículo 156, que establece que jueces y fiscales estarían sujetos a evaluaciones continuas realizadas por sus respectivas instituciones, lo que garantizaría un control disciplinario más riguroso y eficaz.
Ambas propuestas han generado un amplio debate en el ámbito político y social, ya que sus implicaciones van más allá de cambios en cargos públicos. Estas reformas podrían afectar la administración de justicia en el país y la forma en que se ejerce el poder local. La decisión del Congreso, por lo tanto, será crucial para definir el futuro de estas iniciativas y su impacto en la gobernabilidad y la justicia en el Perú.