La causa que investiga la intención de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner sigue con los «Copitos» en el banquillo, no han avanzado las líneas qu’impulsaron desde el entorno de CFK buscando «responsables políticos» del hecho, pero en un nuevo intento por sacar a la causa de su inercia, los abogados de la exmandataria le pidieron este viernes al fiscal federal carlos rivolo que ordene medidas de prueba «para investigar la posible responsabilidad de la policía de la ciudad en la intencionalidad del magnicidio del pasado 1 de setiembre».
«Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispondrán medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», señala el escrito, presentado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal.
«Llamativamente, hasta el momento, se ha investigado en la Policía Federal ya la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, pero no a la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado», indica el documento. El escrito apunta especialmente contra el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro.
El petitorio está dirigido al fiscal Rívolo pues es él quien tiene delegada la investigación por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Entre las medidas de prueba propuestas, el escrito de los abogados de Cristina Kirchner consideró que «Debería oficiarse al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para que remita los legajos de todos los efectivos previstos en los operativos de seguridad desplegados en torno a Cristina Fernández de Kirchner y su domicilio, tanto personal, como respecto del Honorable Senado de la Nación y el Instituto Patria, entre los días 20 de julio y 1 de noviembre de 2022».
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«Además, debe citarse a prestar declaración testimonio a todos los comisarios dispuestos en el lugar de los hechos. solicitarlo el entrecruzamiento de llamadas de todos los abonados telefónicos de los efectivos dispuestos por la Ciudad de Buenos Aires en el lapso indicado»agregó la propuesta de los quarrelantes.
Sobre el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, los abogados pidieron “que identifique a todas las personas que realizaron filmaciones y tomaron fotografías sobrio el domicilio del vicepresidente, envíe sus legajos y explique a que se deben esas tareas y si se realizó con orden legal”.
«Lo sucedido el pasado 1 de septiembre fue la consecuencia de una serie de violencias previas que habilitaron y convalidaron el escenario que dio lugar a una tentativa de magnicidio a una mujer en su cargo de vicepresidenta», subraya el documento.
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En este contexto, Ubeira y Aldazábal destaca que “el 28 de julio de 2022, en el marco de una investigación por amenazas contra el Vicepresidente de la Nación, el fiscal Leonel Gómez Barbella le informó a D’Alessandro que podrían producir hechos violentos en el Instituto Patria, por lo que seguridad del placer».
«Por lo que sabemos, Marcelo D’Alessandro ni disputó el cargo enviado por el fiscal federal, ni reforzó la seguridad del lugar. «Solo se conoce, por imágenes públicas, la simpatía y los saludos intercambiados entre efectivos de la policía de la Ciudad y los atacantes», referirse al escrito.
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