La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este viernes un aumento del 10% en el salario mínimo mensual, elevándolo a 1.130 soles, lo que equivale a unos 301,3 dólares. Esta medida llega en un momento en el que el país vive signos de recuperación económica tras la recesión de 2023, pero también en medio de una profunda desaprobación hacia su gestión, con niveles de popularidad históricamente bajos.
Durante un mensaje televisado desde Palacio de Gobierno, Boluarte explicó que este aumento de la “remuneración mínima vital” se hará efectivo a partir de enero y representa el primer ajuste desde mayo de 2022, cuando estaba al mando Pedro Castillo. Castillo fue acusado ese mismo año después de intentar disolver el Congreso.
«Hoy el panorama es optimista. “Nuestra economía está creciendo a una tasa proyectada del 3,2%, y la inversión privada se está recuperando significativamente”, dijo el presidente al anunciar la medida. También destacó que el crecimiento económico del país debe reflejarse en el bienestar de los trabajadores. «No podemos permitir que el Perú crezca a tasas altas y que ese crecimiento no se sienta en el bolsillo de los trabajadores», agregó al firmar el decreto que oficializa el aumento salarial.
Resistencia del sector privado
El aumento del salario mínimo no fue recibido con entusiasmo por todos los sectores, especialmente por el empresariado, que expresó preocupación por las consecuencias de esta decisión. En reuniones anteriores no se logró consenso entre el gobierno y los representantes empresariales, quienes argumentaron que esta medida podría fomentar el empleo informal en lugar de reducirlo.
David Tuesta, economista y presidente del Consejo Privado de Competitividad, dijo a una radio local que el aumento es inadecuado y no aborda los problemas estructurales que afectan al mercado laboral peruano. «El problema de fondo es que no se hace nada para solucionar dos grandes cosas que están detrás de este nivel de informalidad: uno, el bajo nivel de capital humano que tenemos los peruanos; y dos, la imposibilidad de que las empresas crezcan y sean productivas debido a la burocracia que asfixia al país», expresó.
Por su parte, Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), advirtió sobre el impacto que podría tener esta medida en las micro y pequeñas empresas, sectores que frecuentemente operan con márgenes muy ajustados. «El microempresario que intenta avanzar hacia la formalidad dejará de hacerlo porque simplemente no puede afrontar sus ingresos», advirtió.
Entre críticas y desafíos
La decisión de aumentar el salario mínimo llega en un momento delicado para Dina Boluarte, cuya aprobación, según encuestas recientes, está por debajo del 5%. Pese a las críticas, la mandataria aseguró que la medida se tomó luego de un análisis técnico y que su gobierno no se guía por índices de popularidad.
«No gobernamos mirando las encuestas, sino en base a objetivos concretos y beneficios para el país», afirmó Boluarte, defendiendo su decisión como un paso necesario para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores peruanos.
Sin embargo, los críticos sostienen que el aumento podría agravar problemas como la informalidad laboral, que ya supera el 75% en Perú. Según los expertos, sin reformas estructurales para mejorar la productividad y reducir la burocracia, el aumento del salario mínimo podría terminar afectando a los mismos trabajadores a los que busca beneficiar, al dificultar la transición de muchas pequeñas empresas a la formalidad.
El contexto económico y social
El anuncio del aumento salarial se produce en un escenario económico que, si bien muestra signos de recuperación, sigue enfrentando importantes desafíos. La recesión de 2023 dejó profundas cicatrices y, aunque el crecimiento proyectado del 3,2% para 2024 es un indicador positivo, sectores clave de la economía aún no han alcanzado los niveles de estabilidad necesarios para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible.
Además, la alta tasa de informalidad laboral en el país limita el impacto positivo de este tipo de medidas. Muchos trabajadores del sector informal no se benefician del aumento del salario mínimo, lo que genera un contraste entre las intenciones del gobierno y la realidad del mercado laboral.
El debate sobre esta medida refleja las tensiones existentes entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores, donde cada grupo enfrenta sus propios desafíos y busca soluciones que, en algunos casos, parecen incompatibles.
Pensando en el futuro
Pese a las polémicas, Dina Boluarte parece decidida a seguir adelante con su agenda de gobierno, centrándose en las medidas que considera necesarias para el bienestar del país. El aumento del salario mínimo, aunque controvertido, es visto por el presidente como una forma de garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejoras reales para los trabajadores peruanos.
Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá en gran medida de cómo se aborden los problemas estructurales que afectan al país, incluida la informalidad laboral, la falta de capacitación de la fuerza laboral y las barreras burocráticas que limitan el crecimiento empresarial.
Mientras tanto, la presidenta enfrenta el desafío de recuperar la confianza de una ciudadanía que sigue mostrando un alto nivel de descontento con su gestión. Si bien aumentar el salario mínimo puede ser un paso en la dirección correcta para algunos, queda por ver si será suficiente para cambiar la percepción pública de su gobierno.
En un país donde las tensiones entre los sectores público y privado son constantes, y donde la informalidad sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico, el camino hacia un Perú más equitativo y próspero todavía parece estar lleno de desafíos.