La presidenta de Perú, Dina Boluarte, habló públicamente este jueves para abordar dos investigaciones que la involucran y que, según sus declaraciones, están siendo utilizadas como herramientas políticas para desestabilizar su gobierno. Acompañada de su gabinete, Boluarte lamentó que estos casos, “vinculados a su entorno personal”, estén dominando la agenda nacional en momentos en que el país enfrenta importantes desafíos.
En su mensaje, la mandataria expresó que estas investigaciones están siendo utilizadas como pretexto para promover una nueva vacancia presidencial. “Desde hace bastante tiempo, de manera sistemática, soy objeto de acoso permanente con el único fin de generar una crisis en el Gobierno”, declaró, asegurando que respeta el sistema judicial, pero denunciando lo que considera un continuo intento de desestabilización. .
La cirugía y las acusaciones de abandono del cargo
Uno de los casos más polémicos que enfrenta Boluarte está relacionado con una cirugía a la que fue sometido en 2023. La Fiscalía General de la República inició una investigación preliminar por los presuntos delitos de “omisión de actos funcionales” o abandono del cargo, argumentando que el presidente no informó Congreso sobre la operación.
En su discurso, la presidenta confirmó que la intervención quirúrgica se produjo, pero rechazó que se tratara de un procedimiento estético, como se ha especulado. Boluarte afirmó que la cirugía era “necesaria e imprescindible” por motivos de salud, concretamente para mejorar su funcionalidad respiratoria. Destacó que esta intervención no le impidió ejercer sus funciones como presidenta en ningún momento.
“Es doloroso ver cómo estos hipotéticos escenarios y leyendas mediáticas son abrazados por el Ministerio Público para crear relatos fiscales que generan gastos al Estado y atentan contra la estabilidad jurídica”, dijo Boluarte, en referencia a las investigaciones en curso.
La presidenta también anunció que renunciará a su derecho a la confidencialidad médica para demostrar que la operación no afectó su capacidad para cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, en su mensaje no aclaró si informó al Congreso sobre la intervención, como exige la Constitución en caso de impedimentos temporales para el ejercicio del cargo.
Mientras tanto, en el ámbito legislativo, la parlamentaria Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, acusándola de violar la Constitución al no informar al Congreso sobre el operativo.
El caso “cofre” y las acusaciones de encubrimiento
El segundo tema que enfrentó Boluarte en su discurso es el conocido como “el caso cofre”, relacionado con el presunto mal uso del vehículo presidencial. Según informó la prensa local, el auto habría sido utilizado para facilitar la fuga de Vladímir Cerrón, líder del partido Perú Libre, quien se encuentra escondido desde que fue condenado por colusión en octubre de 2023.
Este caso llevó al Ministerio Público a abrir una investigación por el presunto recorrido del vehículo presidencial hacia un condominio en el sur de Lima en febrero de 2024. En ese lugar, la policía buscó a Cerrón sin éxito. Si bien Boluarte reconoció haber viajado al sur en esa fecha, negó haber estado en el condominio investigado.
“No escondo delincuentes ni utilizo bienes del Estado para encubrir a personas buscadas por la justicia”, declaró el presidente en referencia a Cerrón, quien sigue afirmando su inocencia desde la clandestinidad mientras mantiene una presencia activa en las redes sociales.
Boluarte exigió públicamente a la Fiscalía General de la República citarla para dar su versión de los hechos. “Llámame y testificaré. Siempre lo hice y seguiré haciéndolo públicamente. Se lo pido, se lo exijo, en aras del debido proceso y de la presunción de inocencia», dijo, recordando que ya ha declarado en otros casos en los que también ha sido investigada, como el conocido como «Rolex».
Denuncias de persecución y uso político de las investigaciones
En su discurso, la mandataria enfatizó que estas investigaciones son parte de un presunto acoso sistemático contra su gobierno, con el objetivo de generar crisis políticas y promover su destitución mediante un nuevo proceso de vacancia presidencial.
Boluarte calificó las acusaciones como intentos de “criminalizar” su gestión y utilizar el sistema judicial como herramienta para desestabilizar el orden democrático. “Es lamentable que estos temas marquen la agenda de un país cuando hay tantos desafíos importantes que abordar”, afirmó al referirse a las necesidades económicas, sociales y políticas del Perú.
El trasfondo político y las tensiones en el gobierno
Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, quien fue acusado de intentar un autogolpe. Desde entonces, su gobierno ha enfrentado una fuerte oposición tanto en el Congreso como en otros sectores de la sociedad. Las tensiones políticas no han disminuido y el proceso judicial en su contra ha alimentado aún más las críticas a su gestión.
El caso del vehículo presidencial y las acusaciones de abandono del cargo han generado un intenso debate sobre la transparencia y legalidad de la actuación de Boluarte. Mientras sus oponentes cuestionan su compromiso con la democracia y el respeto a la ley, sus defensores argumentan que estos casos son intentos de sabotear su liderazgo.
Por su parte, el Ministerio Público continúa avanzando en ambas investigaciones, mientras el presidente insiste en su inocencia y la necesidad de que se respete el debido proceso.
Un panorama incierto
Los casos de Dina Boluarte reflejan una vez más las profundas divisiones políticas en el Perú. Su discurso del jueves buscó no sólo defenderse de las acusaciones en su contra, sino también enviar un mensaje de fortaleza ante lo que describió como intentos de socavar su gobierno.
Sin embargo, las investigaciones en curso y la posibilidad de nuevas denuncias constitucionales siguen siendo inciertas sobre el futuro de su gestión. La relación entre el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones judiciales sigue siendo tensa y el resultado de estos casos podría tener un impacto significativo en la estabilidad política del país.
Mientras tanto, la presidenta sigue enfrentando múltiples frentes, tratando de equilibrar las exigencias de la gobernanza con la necesidad de defender su liderazgo frente a las crecientes presiones políticas y judiciales.