Una reciente encuesta de Ipsos ha revelado la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno de Dina Boluarte, revelando serios desafíos de credibilidad para la actual administración. Según los resultados, el 85% de los peruanos cree que la presidenta podría intervenir para proteger a su hermano, Nicanor Boluarte, quien se encuentra prófugo de la justicia y enfrenta una orden de prisión preventiva de 36 meses por su presunta participación en el Caso Waykis. en la Sombra Este caso involucra acusaciones graves como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Por el contrario, sólo el 9% de los encuestados confía en que el presidente se mantendrá al margen de las investigaciones. Estos datos reflejan un profundo escepticismo hacia Boluarte, alimentado por antecedentes similares, como el caso de Vladimir Cerrón, exgobernador y dirigente político, quien estuvo prófugo durante meses antes de ser capturado.
Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, considera que estas cifras confirman la falta de credibilidad del gobierno. Según Loli, «esto es un reflejo del deterioro de la percepción pública hacia la gestión de Boluarte, considerada ineficiente y poco transparente». Además, señaló que, para revertir esta imagen, serían necesarias acciones contundentes, como la captura de Nicanor Boluarte o Vladimir Cerrón, aunque subrayó que esto parece poco probable en el contexto actual.
La figura de Dina Boluarte enfrenta una de sus peores crisis de confianza desde que asumió la presidencia, con un creciente descontento ciudadano que pone en duda su capacidad para liderar un país enfrentado a problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad y la minería informal.
El Reinfo: entre críticas y llamados a reformas
Otro aspecto que destaca en la encuesta de Ipsos es la percepción negativa en torno al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sistema diseñado para promover la formalización de la minería en el país. Según la encuesta, el 74% de los peruanos que conocen este mecanismo consideran que debería ser eliminado y reemplazado por un modelo más efectivo. Las críticas a Reinfo se han intensificado debido a las acusaciones de que este registro facilita actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, la trata de personas y el blanqueo de dinero.
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), fue contundente en su evaluación del sistema, al calificarlo como «un instrumento que protege la minería ilegal». Según Gálvez, Reinfo limita la capacidad de actuación de las autoridades policiales y judiciales, ya que las disposiciones legales eximen de responsabilidad penal a los mineros registrados. Esto, señaló, se traduce en una barrera para combatir actividades ilegales que se camuflan bajo el manto de la formalización.
El tema Reinfo ha generado tensiones políticas en el Congreso, donde algunos analistas señalan intereses vinculados a sectores informales. Iván Arenas, analista político, advirtió que el Legislativo ha evitado discutir la ampliación del sistema por posibles vínculos de ciertos legisladores con grupos que operan al margen de la ley. «Es evidente que algunos congresistas están alineados con intereses ilegales», dijo Arenas, destacando la falta de voluntad política para abordar el problema de frente.
Mientras tanto, la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, impulsada por el partido Fuerza Popular, ha añadido más presión al panorama político. Este movimiento busca responsabilizar al ministro por su supuesta falta de control sobre la minería ilegal y por una gestión que ha sido calificada de ineficiente. La censura también resalta la necesidad de una estrategia estatal integral para enfrentar los desafíos que plantea la minería informal, un problema que afecta tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.
Un panorama complejo para el gobierno
La combinación de la crisis de credibilidad en el gobierno de Dina Boluarte y las crecientes críticas a Reinfo subraya la magnitud de los desafíos que enfrenta el país en su lucha contra la corrupción y la minería ilegal. Ambas cuestiones están estrechamente vinculadas, ya que la falta de confianza en las instituciones dificulta la implementación de políticas efectivas y refuerza la percepción de que el Estado no está en condiciones de responder a los problemas más urgentes.
En este contexto, el gobierno enfrenta una doble tarea: recuperar la confianza de los ciudadanos y demostrar un compromiso real con la transparencia y la justicia. Sin acciones concretas y contundentes, como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción, así como la reforma del sistema de formalización minera, es difícil imaginar una mejora en la percepción pública.
La falta de credibilidad y las críticas constantes también tienen implicaciones a largo plazo para la estabilidad política del país. La desconfianza hacia Dina Boluarte y su gobierno no sólo afecta su capacidad de liderazgo, sino que también pone en riesgo la legitimidad del sistema político en su conjunto. Es urgente que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen juntos para implementar reformas que aborden eficazmente los problemas estructurales que enfrenta el país.
En resumen, la situación actual refleja un profundo malestar social y político que requiere soluciones inmediatas. Tanto la desconfianza hacia la figura presidencial como las críticas a Reinfo son síntomas de un problema más amplio: la falta de un liderazgo claro y la ausencia de políticas efectivas para enfrentar los desafíos más críticos del país. Sin un cambio de rumbo, el gobierno de Dina Boluarte podría enfrentar dificultades aún mayores en su intento por recuperar la estabilidad y la confianza de los peruanos.