El Departamento de Estado de EE.UU.. publicó un sobrio informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina en 2022en donde destacan «numerosos informados de corrupción gubernamental» y «un sistema judicial ineficaz y politizado».

En la sección titulada Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobiernoel informe estadounidense fue lapidario y destacó el procesojudiciaire sur la vicepresidenta cristina kirchner.

«La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante este año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los propósitos sistémicos de frenar la corrupción«, manifestar.

“En septiembre hubo varias investigaciones relacionadas con corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, explicó.

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Y detallaron: «Fernández de Kirchner y nueve acusados ​​principales (45 acusados ​​​​en total) fueron acusados ​​de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los impuestos estimaron el valor total del trazo de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, Impuestos Federales retoma el caso de corrupción en obras públicas y solicita que el tribunal de primera instancia condene a Fernández de Kirchner y la condenara tiene 12 años de prisión y la impusiera una incapacitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera«.

Abuso de las fuerzas de Seguridad

En el informe, otro de los puntos más críticos en torno a los DDHH fueron los informes de que «miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos«.

«Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; hay una grave corrupción gubernamental».

Asimismo, el informa apuntó al gobierno por no tomar cartas en el asunto: «El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción«.

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«Allá impunidad sigue siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. Corrupción y un system legal lento y politicizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y policiales en todos los niveles sobre derechos humanos, incluso a través de la capacitación en línea durante la pandemia de COVID-192, agregado en el documento oficial.

Por otro lado, enfatizaron en las condiciones de reclusión: «Eran duras y amenazaban la vida debido al hacinamiento, la mala atención médica y las condiciones antihigiénicas. Hubo denuncias de traslados repetitidos y arbitrarios, traslados a lugares distantes y el uso recurrente de la incomunicación como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires».

Hacinamiento en prisiones

«El hacinamiento en las prisiones siguió siendo un problema. Segun el Servicio Penitenciario Federal, Septiembre vio un estimado de 11,400 reclusos en un espacio diseñado para 10,936 personas«, asesor.

«El hacinamiento en los centros de menores a menudo dio lugar a que los menores eventualmente retenidos en las instalaciones de la comisaría, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohíbe hacerlo».

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Funciones judiciales que no responden a la independencia

Según el informa, considerando que la ley es un poder jurídico independiente, encontramos que “los funcionarios gobiernos de todos los niveles no siempre respect la independencia e imparcialidad legal. Según ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales en ocasiones fueron objeto de manipulacion politica«.

Y, en respuesta a denuncias de un sector del oficialismo, el informe consignó que «no hubo informa creíbles de presos o detenidos políticos«.

Libertad de expresión

En el documento se detallaron que la Constitución establece la libertad de expresiónincluso para los miembros de la prensa y otros medios, y que en ese marco»el gobierno en general respetó este derecho. Medios de comunicación independientes, un marco legal efectivo y un sistema político democrático que trabaje en conjunto para promover la libertad de expresión, incluidos los medios de comunicación.

Sí destacaron algunos casos denunciados por FOPEA, de agresiones a periodistas, pero en casi todos los casos se obtuvieron un apoyo desde el gobierno.

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maltrato a comunidades indigenas

Por último, apuntaron que «the proyectos llevados a cabo por las industrias agrícolas y extractivas deplazaron a los indígenas, limitaron su acceso a los medios tradicionales de subsistencia, redujeron el área de tierras de las que dependían los indígenas y causen contaminación que en algunos casos pusieron en peligro su salud y Bienstar. Los conflictos ocurrieron cuando las autoridades expulsaron a los natives de sus tierras ancestrales«.

Y tomó como ejemplo el conflicto con los mapuches: «El 4 de octubre, fuerzas de la policía federal desalojó a grupos extremistas mapuches del área conocida como Villa Mascardi, cerca de la ciudad de Bariloche. público por parte de esta comunidad. Aníbal Fernández, elogió el operativo y afirmó que «no hubo represión». La ONG condenó el desalojo como una violación de los derechos indígenas, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Isabel Gómezrenuncia en protesta el 7 de octubre».

JD/s

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