La presidenta de la República, Dina Boluarte, se mostró abierta a discutir la reinstauración de la pena de muerte en el país, tema que ha cobrado relevancia ante el aumento de la violencia y los delitos graves. Sin embargo, esta propuesta enfrenta desafíos legales y diplomáticos, ya que su implementación implicaría la retirada de Perú del Pacto de San José, un tratado internacional que prohíbe la aplicación de la pena capital en casos distintos a la guerra.
Si bien Boluarte expresó su apoyo a un debate nacional, evitó detallar los pasos específicos necesarios para avanzar con esta medida. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, la responsabilidad de iniciar procedimientos para modificar los compromisos internacionales del país recae exclusivamente en el Presidente de la República.
Antecedentes y posiciones anteriores
El tema no es nuevo en el escenario político peruano. En su momento, Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, solicitó un análisis jurídico de un proyecto de ley que proponía la salida del Perú del Pacto de San José. Sin embargo, el 4 de agosto de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió su dictamen aclarando los trámites legales que implicaría tal decisión.
El embajador Roberto Rafael Max Rodríguez Arnillas, director general de asuntos multilaterales y globales, explicó que cualquier denuncia de un tratado internacional debe seguir un procedimiento riguroso que incluya análisis político y jurídico. Según la Constitución peruana y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Presidente de la República tiene la facultad de denunciar un tratado, pero esta decisión requiere opiniones favorables de todas las entidades competentes relacionadas con el tratado en cuestión.
Los desafíos de una decisión controvertida
La eventual salida del Pacto de San José no sólo tendría implicaciones jurídicas, sino también políticas y diplomáticas. La comunidad internacional podría interpretar este movimiento como un retroceso en el compromiso del Perú con los derechos humanos. Además, el debate sobre la pena de muerte en el país genera posiciones divididas, entre quienes buscan soluciones más drásticas a la inseguridad y quienes consideran que esta medida no aborda las causas estructurales del crimen.
De momento, la declaración de Boluarte ha reavivado el interés por un tema que genera polémica tanto a nivel nacional como internacional. La decisión de avanzar o no con esta propuesta dependerá de un análisis exhaustivo de las implicaciones legales, sociales y políticas que conlleva.