El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, negó este miércoles que el Gobierno esté considerando la posibilidad de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Estas declaraciones surgen tras la reciente propuesta de la presidenta Dina Boluarte de analizar la ampliación de penas severas para determinados delitos, incluyendo la introducción de penas extremas para delitos graves como la violencia contra menores.
En sus declaraciones a una radio local, Adrianzén aclaró que este tratado internacional, del que Perú es parte desde finales de los años 1970, no ha sido un tema de discusión al interior del Gobierno. Sin embargo, enfatizó que cualquier debate sobre cambios legales debe estar alineado con las obligaciones internacionales y el marco legislativo del país.
Las declaraciones de Boluarte, realizadas en un acto público tras un caso que conmocionó al país, han generado polémica en diversos sectores. Durante su discurso, la mandataria expresó su solidaridad con la familia de un menor víctima de violencia y sugirió evaluar sanciones más severas para los responsables de estos crímenes.
Pese a ello, los expertos señalan que implementar estas medidas enfrentaría múltiples barreras legales. Según el abogado constitucionalista Heber Campos, la actual Constitución peruana sólo contempla sanciones extremas para casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo, sin precedentes de aplicación. Por tanto, para ampliar estas sanciones a otros delitos sería necesario acometer una reforma constitucional que implicaría un proceso legislativo de al menos nueve meses.
Este debate también enfrenta otro desafío importante: la permanencia del Perú en el Pacto de San José. Este tratado prohíbe la ampliación de sanciones letales y establece un marco de justicia regional a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una salida de este acuerdo tendría graves implicaciones, ya que limitaría la capacidad del país de acudir a organismos internacionales en casos de violaciones de derechos humanos.
Diversos especialistas han mostrado su preocupación por la propuesta de Boluarte. Según el abogado Pedro Grández, este tipo de enfoques no sólo carecen de fundamentos sólidos, sino que podrían representar un retroceso en los estándares de derechos humanos del país. Algunos críticos incluso interpretan la iniciativa como un intento de desviar la atención de las investigaciones que involucran a la presidenta y a miembros de su entorno cercano.
Por su parte, Adrianzén destacó que las declaraciones de Boluarte deben entenderse como una invitación al diálogo y no como un plan de acción inmediato. «No implica que mañana vayamos a presentar un proyecto de ley o anunciar una salida del Pacto de San José», aseguró.
Mientras continúa este debate, las opiniones se dividen entre quienes consideran necesario abrir la discusión sobre reformas legales y quienes advierten sobre las posibles repercusiones sociales, políticas e internacionales de decisiones apresuradas. Este tema pone de relieve la compleja interacción entre la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.