El primer día del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que comenzó a ser debatido en comisión el último jueves, ya seguramente será motivo de tensión permanente, con pases cruzados de un lado y otro. En este marco, celebraré que el Frente de Todos celebre que considerando que un encuentro «absolutamente positivo» ya hay una polémica respecto a si los testigos citados estarán obligados a comparar.
Especialistas advierten que en el caso de los jueces del máximo tribunal, como se trata de los acusados no están obligados a sentarse frente a los diputados de la comisión. Pueden decidir hacerlo, motivados por cuestiones políticas, pero recien estarían en el banquillo de los acusados si el pleno de la Cámara baja impulsó la acusación con dos tercios de los votos y allí el Senado se convirtió en el tribunal de sentencia.
Distinto es el caso de los testigos, donde hay coincidencias en que están obligados a concurrir aunque desde la oposición aseguran que debe ser con una causa que lo justifica. Los números que más ruido generan son los de Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño en uso de licencia) y Silvio Robles (vocero de Horacio Rosatti), a quienes el Frente de Todos quiere sentados en la comisión por el cruce de supuestos chats que se filtrará en el asesor del cortesano la pasaría información sobre pasos a seguir al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. La Justicia, sin embargo, cerró la causajudiciaire sobre eso al considerar que no se puede asentar una investigación sobre pruebas que sería fruto de un espionaje ilegal. Con esa causa cerrada, cree en la oposición, no hay motivos que justifiquen su citación. Hay quienes creen que otra denuncia al respecto que presentó Axel Kicillof esta semana, y que recayó en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, es para dejar esa ventana abierta.
Mientras tanto, el presidente del bloque de diputados de la FdT, Germán Martínez, salió a celebrar el paso que dio esta semana. «El primer balance para nuestro bloque fue absolutamente positivo desde el punto de vista de los objetos. Obtuvimos el quórum reglamentario, abrimos la comisión y (Caroline) Gaillard hizo lectura de los encabezados de los 14 expedientes y de las 60 acusaciones que constituyen el piso de las denuncias que estamos impulsando”, confirmó en declaraciones a radio Delta.
Por su parte, su colega del block Marcelo Casaretto defendió la herramienta del juicio político como instrumento constitucional. Además, se despachó en críticas tiene la Justicia. “Tenemos que poner un límite al avance del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y el único remedio es el juicio político”, aseveró en entrevista con la 990.
Se presentó otro pedido de juicio político a Rosatti
Tras iniciarse el debate en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con 14 expedientes vinculados a los jueces de la Corte Suprema, ayer tiene conocimiento que Horacio Rosatti, su presidente, recibió una denuncia más.
Lo confirm Pablo Llonto, abogado querellante en juicios de lesa humanidad, quien en declaraciones a Radio 10 aseguró que presentó un pedido de juicio político contra Rosatti por “una mala gestión en el impulso de los juicios de lesa humanidad”, por no haber convocado como titular del máximo tribunal a la comisión interpoderes, que tiene como objectivo “acelerar” los procesos que siguen por los crímenes cometidos durante la última dictadura.
“Pedimos el juicio político por una mala gestión de las actividades de Rosatti, que se considera una falta grave. Tiene la función de convocar a una comisión interpoderes para acelerar los juicios de lesa humanidad, pero no lo hizo desde que asumió como presidente de la Corte”, explicó Llonto. En este sentido, aseguró que «los juicios de lesa humanidad deben tener prioridad porque son los juicios más antiguos que tenemos» y «deberian ser más rápidos, pero es todo lo contrario».
“Cuando llegó Rosatti a la presidencia de la Corte no convocó más a la comisión, que había logrado acelerar los procesos judiciales. El mal desempeño de un juez, implica el pedido de juicio político”, apuntó.
Este pedido de juicio político a Rosatti suma la denuncia formulada por Patricia Isasa, víctima de la dictadura, quien denunció que el magistrado, durante su gestión como intendente de Santa Fe, «protegió» a uno de sus secuestradores.
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