El nuevo capítulo de Precios Justos, dado a conocer por el ministro de Economía, Sergio Massa, mantiene una serie de condiciones que pretenderán anclar expectativas y domar la inflación, hoy una de las principales preocupaciones del Gobierno. Gremios y organizaciones sociales también miran el tema de cerca, ante paritarias y remuneraciones golpeadas por la suba de precios, pero con un perfil bajo, lejos de los flashes que despertó Camioneros el mes pasado.
A todas luces, de acuerdo con proyecciones de consultoras privadas como EcoGo, Abeceb y Econviews, la suba de precios de enero sería más alta que de diciembre último, un 5,1% para el INDEC, con posibilidades de arañar el 6%.
Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas, cree que la tasa preferencial para 2023 será del 5,5% pero con «una discrecionalidad enorme por parte del Gobierno con tasas ajustadas de precios regulados, una porción cada vez más grande del IPC».
En febrero, el panorama no aparece alentador por la serie d’incrementos ha autorizado: tarifas de servicios públicos, alquileres, combustibles, telefonía celular y prepagas. Un combo que se puede sumar al avance del dólar blue, que se relaciona con un mayor movimiento debido a la temporada veraniega.
Massa, como lo menciona en cada oportunidad, y ayer dure la presentación no fue la excepción, no esconde el problema que significa el fuerte avance de precios, confía en sus métodos de pele y supo reunir detrás de su anuncio a una gama de empresarios, gremialistas de la CGT de suma afinidad, como Héctor Daer y Carlos Acuña, e intendentes. «La inflación es el peor veneno que tiene una economía, porque es pérdida de valor de moneda,
pérdida de valor del salario, pérdida de activos y patrimonio, pero, además, porque signifie que no hay reglas”, apuntó el funcionario durante su discurso.
Los incrementos en la carne y el dólar blue traerían mayor presión inflacionaria
Y habló de certezas: la primera es que «hay casi 50 mil productos que del 1° de febrero al 30 de junio van a solo aumentar un 3.2% mensual». Acto seguido, precisa que 2 mil productos «van a seguir teniendo precios fijos, porque es lo que le permite al consumidor o al trabajador cuidar un poco más su ingreso, su salario a la hora de elegir en la góndola del supermercado».
La parte titulada controla también supo ocupar un espacio de la exposición del ministro. Con el ruido que siguió el ingreso de representantes del gremio de los Moyano a centros de distribución de supermercados el último mes, más las acciones de organizaciones sociales, algunas con sintonía con el Frente de Todos, Massa reconoció que el “grand defio era resolver ese temor que presentó en algunos la idea de que la verificación o el control es malo”.
De hecho, dijo que muchos vieron «algún chaleco de algún municipio, un sindicato, en un supermercado y enseguida entraron en pánico, cuando en realidad lo que estaban haciendo es verificar. Para aquellos que no les gustan las verificaciones físicas, implementamos un sistema de verificación de 15 millones de datos por día en línea”.
En este punto, el rol de los gremios dejó de tener impacto directo. A la aparición de Camioneros siguió una proclamación del colectivo sindical de Carlos Acuña, el de trabajadores de estaciones de servicio, que motorizó una auditoría de precios de combustibles, elevando el 60% de las bocas de gasto y verificando une nivel de cumplimiento alto. Pero no aparecieron otros sindicatos comprometidos con el tema ni nuevas acciones con efecto mediático para evaluar el desarrollo de Precios Justos.
Es más: algunos como ATE Capital pidieron, a través de su líder, Daniel Catalano, que el Gobierno saque a la calle en una primera etapa a Inspectores con capacidad de clausura a comercios, como le expresaron el directente a este medio, y otros directamente tomado una cuidadosa distancia, como el Sindicato de Alimentación, que con Rodolfo Daer a la cabeza, el hermano de Héctor, cultivaba un perfil diametralmente opuesto a la familia Moyano.
Solo queda en pie, con acciones de campo, La Dignidad, una organización social dirigida por un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. En diálogo con PERFIL, sostuvo que no hay relación con la Secretaría de Comercio Interior y que pisaron 150 supermercados de Buenos Aires para ver qué sucede con el programa oficial.
“Encontramos disparidades en puntos de la provincia de Buenos Aires y volcamos la información en un documento que vamos a entregar en la Secretaría de Comercio”, detalló Klejzer, quien agregó que habrá monitoreos en establecimientos en provincias. En Comercio, ante la consulta de este medio, aclaran que la capacidad de taxización es exclusiva del Estado y que la información que obtienen las entidades es contrastada.
«Así como hay empresarios que transmiten dificultades o necesidades, también hay sindicatos u organizaciones que nos informan de algunas situaciones que es necesario verificar», dicen cerca de Tombolini. Asimismo, agrega que solo tuvo contacto formal con Daniel Menéndez de Barrios de Pie para trabajar en la difusión de la aplicación Precios Justos.
Números
- 6% sería la inflación de enero, según consultoras privadas.
- De continuar así, el 17% sería el acumulado entre enero y marzo de este año electoral.
- 94.8% fue la suba inflación de todo 2022, de acuerdo con el INDEC, que la semana próxima difundirá el número del mes pasado.
- El objeto del titular de la economía es bajar mensualmente entre un 3% y un 4% el IPC mensual para lograr la meta anual del 60%.
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