El coronel de la Policía Nacional de Perú, Harvey Colchado, será retirado oficialmente de la institución el próximo 1 de enero, una decisión que ha generado controversia y ha sido calificada por su abogado, Miguel Pérez Arroyo, como una “venganza política” y una represalia por su papel en la lucha anticorrupción. Este anuncio ha puesto nuevamente en el centro del debate la relación entre las fuerzas del orden y el poder político en el país.
En una carta dirigida a sus colegas de la policía, cuya autenticidad fue confirmada por CNN, Colchado expresó su postura frente a la decisión: “Que todos sepan que hay Policías que no se venden, que no se arrodillan, mucho menos a intereses ilícitos. Que sepa que para subir no se vale todo”. Estas palabras reflejan no solo su indignación, sino también su convicción de que esta medida es resultado de presiones políticas y no de un procedimiento regular.
Una figura clave en la lucha anticorrupción.
Harvey Colchado ha sido una figura destacada en la lucha contra la corrupción en Perú. Fue jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), unidad creada para combatir el crimen organizado. Bajo su liderazgo, estuvo al frente de operativos relevantes, como el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024, en el marco del caso conocido como “Rolex”, y el histórico allanamiento al Palacio de Gobierno en 2022, cuando buscaban a la sobrina del entonces presidente Pedro Castillo, investigada por presunta corrupción.
En mayo de 2024, Colchado presentó una denuncia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la que afirmó que Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Boluarte en aquel momento, le propuso archivar una investigación contra su hermano, Nicanor Boluarte, a cambio de un ascenso a general. Según Colchado, Castañeda actuó en nombre de la mandataria y también le pidió respaldo para las investigaciones que involucraban a la presidenta.
Estas denuncias no solo aumentaron la notoriedad de Colchado, sino que también lo colocaron en una posición incómoda frente al poder político. Desde entonces, su abogado asegura que el coronel ha enfrentado una serie de procesos disciplinarios, algunos de los cuales comenzaron poco después del allanamiento a la casa de Boluarte.
El contexto detrás del paso a retiro
El retiro de Colchado ocurre en el marco de la “renovación de cuadros” de la Policía Nacional, un proceso que se lleva a cabo anualmente y que, según el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, no tiene motivaciones políticas. En una entrevista con el medio peruano RPP, Zanabria afirmó que 319 oficiales pasarían a retiro como parte de este procedimiento, y descartó que se tratara de una represalia. “Estaríamos hablando de 319 venganzas, y ese no es el calificativo que se le pueda dar a un procedimiento regular”, señaló.
Zanabria explicó que un sancionado oficial no puede ocupar un cargo similar al que tuvo durante los cinco años posteriores a la sanción, lo que, según él, hace imposible que Colchado pueda ascender a general. Además, indicó que el retiro es una consecuencia lógica de las normas disciplinarias vigentes.
Sin embargo, el abogado de Colchado sostiene que esta narrativa no refleja la realidad. Según Pérez Arroyo, hasta el 13 de diciembre, cuando el Consejo de Calificación se reunió para decidir sobre los retiros, no existía ninguna sanción firme contra su cliente. De los 10 procesos abiertos contra Colchado, varios ya han sido archivados y otros aún están en primera instancia, lo que significa que el proceso administrativo no se ha agotado por completo.
El abogado también argumenta que los procedimientos disciplinarios iniciados contra Colchado después de marzo de 2024 tenían como objetivo principal destituirlo de la Policía, y que, al no lograrlo, se crearon las condiciones normativas necesarias para justificar su pase a retiro como una medida aparentemente regular.
El caso Boluarte y sus implicaciones
El pase a retiro de Colchado no puede entenderse sin considerar su papel en investigaciones sensibles que involucran a figuras políticas de alto perfil, incluida la propia presidenta Dina Boluarte. Durante el allanamiento a la residencia de la mandataria en marzo, el equipo liderado por Colchado buscaba pruebas relacionadas con el caso “Rolex”, en el que Boluarte es investigada.
Además, las denuncias del coronel contra Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta, agregaron tensión a su relación con el gobierno. Según Colchado, Castañeda le ofreció beneficios profesionales a cambio de archivar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad tras ser acusado de organización criminal y tráfico de influencias en el caso “Los Waykis en la sombra”.
El despacho presidencial ha negado cualquier irregularidad. Fredy Hinojosa, vocero de la presidencia, afirmó en su momento que la conducta de Boluarte siempre ha estado apegada a la normativa y la ley. Por su parte, Castañeda admitió haberse reunido con Colchado, pero describió el encuentro como una “emboscada”.
Reacciones y próximos pasos
Ante la decisión de retiro, el abogado de Colchado anunció que solicitarán una reconsideración administrativa para revertir la medida. Además, hace mes y medio, el equipo legal del coronel contactó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar cautelares que protejan sus derechos y los de otros funcionarios vinculados a la lucha anticorrupción en el Perú.
La presidencia de Perú, consultada por CNN, declinó hacer comentarios sobre el caso, argumentando que no tiene injerencia en los procedimientos internos de la Policía Nacional.
¿Procedimiento regular o represalia?
El retiro de Harvey Colchado ha reavivado el debate sobre la independencia de las instituciones en Perú y el papel de las fuerzas del orden en investigaciones que involucran al poder político. Mientras que el comandante general de la Policía defiende la decisión como parte de un proceso rutinario, los críticos argumentan que se trata de un intento de silenciar a un funcionario incómodo para ciertos intereses.
Colchado, por su parte, ha dejado claro que seguirá defendiendo su legado y su compromiso con la lucha anticorrupción. Sus palabras finales en la carta a sus colegas reflejan su postura frente a los acontecimientos: “En esta institución, siempre habrá quienes no se rindan ante los intereses ilícitos. No todo se compra, no todo se vende”.
El desenlace de este caso no solo marcará el futuro de Colchado, sino que también podría sentar un precedente en la relación entre las instituciones de justicia y el poder político en el Perú. La atención estará centrada en las acciones legales que emprenderá su defensa y en las posibles repercusiones que este caso pueda tener en el panorama político y judicial del país.