Este es el balance de la gestión de Alejandro Soto

La sesión anual 2023-2024 del Parlamento y la gestión de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) como presidente del Congreso están cerca de finalizar en medio de múltiples cuestionamientos sobre gastos, entregas de bonos, aumentos salariales, blindajes, votos polémicos, alta fragmentación, falta de transparencia y un largo silencio con la prensa.

Además, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, la aprobación de Soto es sólo del 10% (sólo 1 de cada 10 encuestados lo apoya), mientras que su rechazo alcanza el 75%.

El 18 de junio se cumplen 10 meses de la última vez que Soto dio declaraciones a los medios. Hasta el cierre de este informe, yEste Diario buscó contactar al titular del Parlamento, pero no respondió.

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Soto fue elegido presidente del Congreso el 26 de julio de 2023, ganando por un amplio margen de votos a su oponente Luis Aragón (Acción Popular). Su candidatura fue apoyada por grupos del llamado Bloque País, integrado por APP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú que, a excepción de este último, también formaron parte de la fórmula.

Así quedó integrada la Mesa Directiva para el periodo 2023-2024 por Soto, en la presidencia, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular (primera vicepresidencia); Waldemar Cerrón, de Perú Libre (segunda vicepresidencia) y Rosselli Amuruz, de Avanza País (tercera vicepresidencia).

Tras la muerte de Guerra García, el pleno eligió a Arturo Alegría, también fujimorista, como nuevo primer vicepresidente.

Los cuestionamientos contra Soto comenzaron a pocos días de asumir el cargo y han ido creciendo a lo largo de su gestión. Desde entonces, el presidente del Congreso no ha dado declaraciones a la prensa, sólo breves respuestas por WhatsApp; No acepta entrevistas en vivo y da sus defensas en la red social X (antes Twitter).

Además, no ha fijado una posición respecto de las controversias en las que está involucrada la presidenta Dina Boluarte, como el Caso Rolex y ‘Los Waykis en las sombras’. Tampoco reveló cuál sería la agenda y los proyectos que priorizaría su administración.

Bajo su liderazgo, el Congreso se ha visto involucrado en conflictos con el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. Y se han destapado escándalos, como el presunto complot criminal de la exfiscal Nacional Patricia Benavides, en el que estaría involucrado él y otros trece parlamentarios.

Cabe recordar que la actual legislatura concluye el próximo 15 de junio y en julio se realizará la elección del nuevo presidente del Congreso para el período 2024 – 2025.

Bonificaciones y aumentos salariales.

Tan sólo los últimos cinco meses de 2023, la actual Junta Directiva, bajo la dirección de Soto, autorizó el pago de S/33,976,800 en bonos. En diciembre de ese año, por ejemplo, se entregaron tarjetas de consumo correspondientes al “aguinaldo de fin de año”, por S/ 1.700 cada una. El beneficio incluyó a todo el personal del Servicio Parlamentario y a los congresistas. Según un análisis realizado por El Comercio, el monto que se desembolsó por ese bono fue de más de S/6,500,000.

La mesa también aprobó en diciembre un nuevo “bono extraordinario” de S/2.400 por mes trabajado para los trabajadores parlamentarios con cargo al presupuesto 2023, que se suma a otro bono que ya se había emitido a favor de los trabajadores parlamentarios (incluidos los congresistas) desde hacía casi S/10,000.

A inicios de enero, Soto, a través de un comunicado, dijo que “en el presente año 2024 no se entregará ningún bono a ningún grupo laboral”, luego de haber llegado a un acuerdo con los gremios sindicales del Poder Legislativo.

Sin embargo, en 2024, el Congreso aprobó aumentar los salarios de todo el personal en un 15%, excepto los parlamentarios. Y, posteriormente, destinó más S/12 millones para aumentos salariales de su personal del Servicio Parlamentario (Oficial Superior, Dirección General Parlamentaria y Dirección General Administrativa). Esta cifra forma parte del crédito complementario de S/ 50 millones aprobado por el Gobierno de Dina Boluarte a favor del Poder Legislativo el 29 de marzo.

Posteriormente, la Junta Directiva ordenó el aumento de la asignación por función del Congreso a partir de marzo. Gracias a esto, los legisladores pasaron de recibir S/7,617.20 a S/11,000 por este concepto. Es decir, un incremento de S/3,383. Si se multiplica este monto por los 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos, el gasto anual ascendería a aproximadamente S/5 millones 480.

Gastos cuestionados

La principal crítica recae sobre la construcción de un almacén del Congreso en Ancón, cuyo costo asciende a casi S/ 10 millones, según reveló “Panorama” en enero. Este proyecto provocó la salida de la entonces titular de la Dirección General de Administración Marisol Espinoza por decisión de la Junta Directiva.

Por otra parte, dicho organismo ha autorizado viajes al exterior de diversos legisladores, así como el pago de sus viáticos y pasajes aéreos. En mayo pasado, este diario dio a conocer que en sólo 3 meses (enero, febrero y marzo) el Parlamento desembolsó más de S/ 210.177,49 en viajes de 13 congresistas.

El Comercio también reveló que la defensa legal de Soto en la investigación que se sigue por sus presuntos vínculos en la organización criminal que lideraría Patricia Benavides le costaría al Poder Legislativo S/70.000.

Falta de transparencia

En septiembre de 2023, este diario anunció que, bajo la presidencia de Soto, el Congreso redujo su nivel de transparencia al eliminar de su sitio web información sobre las rotaciones internas de sus trabajadores.

El acceso a esa información fue retirado luego de que El Comercio la utilizara para verificar que Soto promovía a dos asesores acusados ​​de coordinar ataques a otros congresistas desde cuentas falsas de Facebook. Los funcionarios en cuestión son Sandra Rodríguez Vargas y Eduardo Quezada Yepes. El primero fue el principal asesor de Soto en su oficina parlamentaria, mientras que el segundo fue asesor de la bancada de Alianza para el Progreso.

Como se puede observar en la imagen, la página web del Congreso permitía a cualquier ciudadano revisar información sobre cambios de empleo del personal parlamentario.