La Fiscalía Nacional de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de presuntos delitos relacionados con omisión de actos funcionales o, en términos más simples, abandono del cargo. Este proceso busca esclarecer si Boluarte incumplió con sus deberes al no informar al Congreso sobre un supuesto impedimento temporal para desempeñar sus funciones debido a una cirugía que se habría realizado entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.
Según el comunicado emitido por la Fiscalía, el motivo central de esta investigación radica en la supuesta falta de notificación al Congreso sobre su incapacidad temporal para continuar con sus responsabilidades como presidenta. Esta obligación está contemplada en el marco constitucional peruano cuando un jefe de Estado enfrenta circunstancias que le impiden ejercer plenamente su cargo.
Desde la Presidencia de la República se emitió un comunicado asegurando que el gobierno colaborará activamente con el Ministerio Público en todas las diligencias relacionadas con este caso. Además, enfatizaron que toda la documentación correspondiente al período investigado se encuentra en regla y que en ningún momento se ha cometido omisión alguna o abandono de funciones presidenciales.
El caso ha generado un amplio debate político, especialmente luego de las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Durante dicha intervención, Otárola confirmó que el presidente fue sometido a un procedimiento quirúrgico, aunque no pudo precisar la fecha exacta. Según él, mantuvo contacto con Boluarte un día después de la operación y notó que su voz reflejaba las consecuencias de una intervención en las fosas nasales. También indicó que Boluarte retomó sus actividades presenciales en los consejos de ministros aproximadamente una semana y media después del procedimiento, luego de haber tenido una breve recuperación.
Por su parte, Gustavo Adrianzén, actual presidente del Consejo de Ministros, salió en defensa del mandatario al declarar en rueda de prensa que, pese a las acusaciones, Boluarte nunca dejó el mando del país. Según Adrianzén, las acusaciones contra el presidente son parte de un intento de desestabilizar al gobierno y generar incertidumbre entre los ciudadanos. Destacó que las responsabilidades presidenciales se cumplieron plenamente durante el período indicado.
Sin embargo, la polémica no termina ahí. La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunta violación de los artículos 114 y 115 de la Constitución. En su denuncia, Luque sostiene que la presidenta no habría ejercido efectivamente sus funciones entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. Según el documento entregado al Congreso, Boluarte habría estado alejada de sus responsabilidades durante 12 días debido a la intervención quirúrgica. Esto, afirma Luque, representaría una violación a las normas que regulan el ejercicio de la presidencia en los casos de ausencia temporal.
El artículo 114 de la Constitución peruana establece que el presidente puede ser reemplazado temporalmente en sus funciones si enfrenta una incapacidad física o moral debidamente acreditada, mientras que el artículo 115 detalla el procedimiento a seguir en estos casos, otorgando al primer vicepresidente la posibilidad de asumir el cargo. cargar. En ese contexto, la congresista Luque sostiene que Boluarte no cumplió con informar al Congreso sobre su condición médica, lo que habría impedido que se aplicaran los mecanismos constitucionales correspondientes.
En medio de esta situación, las opiniones están divididas. Algunos sectores políticos consideran que las acusaciones contra Boluarte son infundadas y están motivadas por intereses políticos, mientras que otros insisten en que la presidenta debe rendir cuentas de sus acciones durante el período señalado. Este episodio se suma a una serie de desafíos que ha enfrentado el presidente desde que asumió el cargo, lo que ha generado un clima de tensión política en el país.
La investigación preliminar de la Fiscalía es sólo el comienzo de un proceso que podría tener importantes implicaciones jurídicas y políticas para Boluarte y su gobierno. Mientras tanto, la presidenta y su equipo tendrán que enfrentar no sólo las investigaciones del Ministerio Público, sino también las críticas y cuestionamientos de la oposición, que ve en este caso una oportunidad para debilitar al Ejecutivo.
El desenlace de esta polémica es aún incierto, pero lo que está claro es que el caso ha vuelto a poner bajo la lupa la gestión de Dina Boluarte y su capacidad de liderazgo en medio de una crisis política cada vez más compleja. La colaboración anunciada por el Ejecutivo con las autoridades será clave para determinar si las acusaciones son fundadas o si se trata, como algunos afirman, de una estrategia de desestabilización política.