El Ejecutivo, bajo la presidencia de Dina Boluarte, ha promulgado importantes modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado, aprobada por el Congreso el 16 de octubre. Estas reformas buscan fortalecer la lucha contra delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato.
Definición y sanciones
La ley mantiene la definición de crimen organizado como una estructura compleja compuesta por tres o más personas. Además, establece penas mínimas de cinco años de prisión para quienes participen en estos delitos con el objetivo de obtener beneficios económicos o materiales.
Procedimientos de redada
Entre las modificaciones más significativas está el ajuste a los procedimientos de raid. Según la nueva normativa, las operaciones de búsqueda e incautación que realiza la Fiscalía pueden realizarse con o sin la presencia del investigado, pero deberán contar con un abogado defensor público desde el inicio del procedimiento. Si el investigado solicita la presencia de su abogado particular, no se suspenderá la búsqueda; El operativo continuará hasta que dicho abogado llegue al lugar.
Facultades del fiscal provincial
Además, se otorgan nuevas facultades al fiscal provincial para solicitar al juez medidas como el allanamiento de inmuebles, incluso en casos que no sean flagrantes, siempre que existan motivos suficientes y justificados. Estas medidas tienen como objetivo detener a personas o incautar bienes relacionados con la investigación, lo que refuerza la capacidad operativa del sistema judicial en la lucha contra el crimen organizado.