El caso relacionado con la distribución de comida en mal estado a niños y niñas en todo el país, conocido como investigación Qali Warma, ha puesto a Fredy Hinojosa en el foco de atención. Según lo revelado por el programa de investigación periodística Punto finalHinojosa aparece como uno de los investigadores clave en este proceso, que ha generado una amplia discusión por su impacto en un sector tan vulnerable como el de los niños.
La relación de Hinojosa con este caso se remonta a su etapa como directora ejecutiva del programa Qali Warma, etapa que coincidió con la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Durante este período, la empresa Frigoinca, proveedora de alimentos, experimentó un crecimiento notable en su participación en los premios del programa. Esto ha planteado dudas sobre posibles irregularidades en los contratos y la gestión del programa, en el que se gestionan fondos públicos para garantizar la alimentación de menores en situación de vulnerabilidad.
Ante las acusaciones, Presidencia emitió un comunicado rechazando cualquier relación entre Midis y Frigoinca durante la gestión de Boluarte. Según la versión oficial, los procesos de adquisición de Qali Warma se realizan de forma independiente, sin intervención directa del Estado. “Rechazamos categóricamente cualquier insinuación que busque vincular al presidente con los procesos de adquisición llevados a cabo por Qali Warma”, señala el comunicado, buscando distanciar al actual gobierno de las polémicas en torno al caso.
Pese a estas declaraciones, las investigaciones han sacado a la luz detalles que han complicado aún más la situación. Uno de los puntos más polémicos es la supuesta conexión entre Fredy Hinojosa y Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca. Aunque Hinojosa ha negado cualquier vínculo con Burga, el reporte periodístico sugiere que ambos compartieron espacios en el ámbito político debido a su activismo en el Partido Aprista. Hinojosa, en declaraciones públicas, aseguró: “No tengo, no he tenido ni tendré ningún tipo de relación amistosa, comercial ni de ningún tipo con Nilo Burga o su empresa Frigoinca”. Pese a estas declaraciones, las coincidencias en sus trayectorias han levantado sospechas en diversos sectores.
Por su parte, Nilo Burga ha sido señalado como una figura central en las operaciones de Frigoinca, aunque no figura oficialmente como accionista de la empresa. Documentos presentados por Punto final Le sitúan como presidente del consejo de administración, lo que ha generado dudas sobre su verdadero papel dentro de la empresa. Además, su experiencia jurídica complica aún más su situación. En 2016, la Policía Nacional lo identificó como líder de una red de lavado de dinero que operaba a través de empresas registradas a nombre de asociados. Estas entidades habrían simulado actividades comerciales, evadido impuestos e incluso exportado carne de burro a los mercados asiáticos. Pese a la gravedad de las acusaciones, la investigación fue archivada por la fiscal Elizabeth Peralta, quien actualmente enfrenta su propio proceso por presuntos favores a redes ilícitas.
La Fiscalía ha intensificado las investigaciones para esclarecer posibles vínculos entre Hinojosa, Burga y las irregularidades detectadas en los contratos de Qali Warma. El caso no sólo representa un desafío para las autoridades judiciales, sino que también ha generado un clima de tensión política para el gobierno de Dina Boluarte. En un contexto de creciente desconfianza social, este escándalo añade una nueva capa de complejidad a la gestión gubernamental, que ya enfrenta múltiples cuestionamientos desde diferentes frentes.
Mientras continúan las investigaciones, el caso Qali Warma se ha convertido en un símbolo de los problemas estructurales que afectan los programas sociales del país. La falta de transparencia en los procesos de contratación y ejecución, así como la posible interferencia política, han puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Al mismo tiempo, el impacto de estas irregularidades en los ciudadanos más vulnerables, en este caso los niños beneficiarios del programa, subraya la urgencia de priorizar la integridad en la gestión de los recursos públicos.
En este complejo panorama, el Ministerio Público tiene la tarea de esclarecer la verdad detrás de las acusaciones y determinar las responsabilidades correspondientes. Los ciudadanos, por su parte, esperan que las investigaciones no sólo arrojen resultados concretos, sino que sirvan como punto de partida para implementar reformas que eviten que casos similares se repitan en el futuro.