Tres artículos de la reforma constitucional de Jujuy, sobre los derechos de los pueblos originarios, propiedad privada y los cortes de ruta, que fueron aprobadas por congresos de la UCR y otras fuerzas de Juntos por el Cambio, además de representantes de la bancada del Partido Justicialista, provocaron una serie de protestas. minutos antes gerardo morales Aprobada la nueva Constitución, elaborada graves incidentes entre la Policía y grupos de manifestantes en la Legislatura Provincial.
Dos de las normas fueron modificadas por iniciativa del gobernador Moralesen una intención de apaciguar el clima social con protestas violentas y enfrentamientos entre manifestantes.
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En cuanto al artículo 50, sobre los «derechos y garantias de las comunidades de los pueblos originarios»en la nueva Constitución sostenía que la carta magna provincial «reconoce la preexistencia etnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indigenas de Jujuy y garantizado el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una bilingüe e interculturel «.
También indica que «el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tiers que tradicionalmente ocuparon, con el fin de garantie y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación» y «promover la entrega de otras tiers aptes y suficientes para el desarrollo humano».
La ley indicó que «ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos» y que «el Estado garantizó el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respetar a uno sus recursos naturales ya los intereses que las afectan de manera directa«.
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Tras las protestas, se volvió atrás para volver a colocar el texto de la Constitución de 1986 en el mismo artículo: «‘Protección a los aborígenes’. La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social».
También se desató el conflicto a raíz del artículo 36que en la nueva Constitución»reconocer el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, disfrutar y disponer de sus bienes».
Asimismo, ya está claro que «la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley. juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante» y se destaca que «queda abolida la confiscación de bienes».
En el mismo sentido señala que «se considerará infracción grave al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impidan al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley».
Por otra parte, se establece que «una ley especial determinar las condiciones para el desalojoy para que el o los titulares del derecho afectados estén en condiciones de eje de manera immediata sus derechos, aun cuando las autoridades de la ocupación no consentida atribuyan la representación o los derechos del pueblo.
Luego de la marcha atras, fueron dejados sin efecto los dos últimos párrafos.
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Morales, decidió prohibir los cortes de ruta
Otros artículos ‘en discusión’ son el 67, relacionado con los cortes de calles. Al respecto, Morales se mantuvo inflexible y aseveró que «la prohibición de los cortes de ruta es una convicción».
El artículo mencionado, titulado «El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica», establece que «el Estado debe asegurar que las personas» ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otrosy garantiza la libre circulación de las personas».
CA PC