El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, compareció recientemente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú, donde abordó cuestiones relacionadas con una cirugía a la que se habría sometido la presidenta Dina Boluarte en 2023. Según Otárola, la intervención quirúrgica estuvo asociado a problemas respiratorios, aunque aseguró que no conocía los detalles específicos del procedimiento ni había visto documentación oficial que sustentara el reposo médico posterior.
Durante su declaración, Otárola señaló que, a pesar de la operación, Boluarte siguió ejerciendo sus funciones como presidenta, descartando cualquier vacío de poder durante el periodo en cuestión. “El día que se realizó la operación tuve comunicación al día siguiente con el presidente. Se notaba por su voz que obviamente le habían intervenido las fosas nasales, y a partir de ese momento tuve una comunicación fluida con ella. Se reincorporó a los consejos de ministros presenciales después de una semana y media”, explicó. También afirmó que la pausa médica de Boluarte fue breve y que su recuperación fue relativamente rápida, aunque no pudo precisar la fecha exacta de la operación cuando se le preguntó.
Sin embargo, estas declaraciones surgen en medio de una denuncia constitucional presentada en mayo por la congresista Ruth Luque, quien acusa a la presidenta de violar los artículos 114 y 115 de la Constitución al no acreditar su ejercicio efectivo de la presidencia entre el 29 de junio y el 9 de julio. 2023. Según Luque, Boluarte habría estado alejada de sus funciones durante ese período de 12 días, lo que, según su denuncia, constituye una violación al marco constitucional.
La Constitución peruana establece en el artículo 114 que el ejercicio de la presidencia podrá suspenderse en caso de incapacidad temporal, siempre que así lo declare el Congreso. Asimismo, el artículo 115 precisa que, en caso de impedimento temporal o permanente del presidente, sus funciones deberán ser asumidas por el vicepresidente primero, o en su defecto, por el vicepresidente segundo. En caso de que ambos cargos queden vacantes, la responsabilidad recaería en el presidente del Congreso. Sin embargo, al no tener vicepresidentes el gobierno de Boluarte, esta situación ha generado incertidumbre y se ha convertido en un punto crítico durante su mandato.
La denuncia de Luque destaca que el ejercicio de la presidencia en el período señalado no fue acreditado formalmente, lo que ha alimentado críticas de la oposición y ha planteado cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno de Boluarte en este caso. Para Luque, la falta de claridad sobre el manejo de esta situación representa una posible violación a la Carta Magna y pone en duda el cumplimiento de las obligaciones presidenciales durante esos días.
El caso ha dado un giro político significativo, convirtiéndose en un tema recurrente en las discusiones del Congreso y en los medios de comunicación. En julio, durante una rueda de prensa, Boluarte calificó de “sesgadas” las preguntas de los periodistas sobre este tema y optó por no ahondar en las acusaciones. Fredy Hinojosa, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, se sumó a su defensa, argumentando que los temas relacionados con la cirugía pertenecen a la “esfera privada” del presidente.
Pese a estas declaraciones, la falta de información clara y la ausencia de notificación oficial al Congreso sobre una posible incapacidad temporal han alimentado la polémica. Este caso ha revelado un vacío en el marco constitucional actual, ya que la ausencia de vicepresidentes en el gobierno de Boluarte genera complicaciones en el manejo de este tipo de situaciones. La posibilidad de que el presidente del Congreso asuma temporalmente el mando en caso de impedimento del jefe de Estado es una solución prevista en la Constitución, pero implica un proceso formal de notificación y declaración que, según los críticos, no se habría cumplido en este caso. caso. .
Por su parte, el Gobierno de Boluarte ha tratado de minimizar la polémica, argumentando que la presidenta retomó sus funciones rápidamente y que no hubo interrupción en el ejercicio del poder ejecutivo. Sin embargo, las declaraciones de Otárola han despertado nuevas dudas al admitir que no existe ningún expediente legal que certifique el reposo médico o el estado de salud del presidente durante esos días.
La controversia también ha provocado un debate más amplio sobre la importancia de la transparencia en los altos cargos estatales y cómo manejar situaciones en las que la salud de un presidente podría interferir con el desempeño de sus funciones. En muchos países, la notificación oficial y la delegación temporal de responsabilidades son prácticas comunes para asegurar la continuidad del gobierno, pero en este caso, la falta de claridad ha generado críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
También es relevante el contexto político en el que se enmarca esta situación. Desde que asumió el cargo, Dina Boluarte ha enfrentado numerosos desafíos e interrogantes, lo que ha generado un clima de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este episodio se suma a una serie de disputas que han complicado aún más la relación entre ambas potencias y han puesto a prueba la estabilidad política del país.
Mientras tanto, CNN ha intentado obtener comentarios de la Presidencia de la República sobre las declaraciones de Otárola, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Este silencio, sumado a las inconsistencias en las versiones presentadas hasta ahora, ha contribuido a mantener viva la polémica y alimentar las críticas de quienes exigen mayor claridad y rendición de cuentas al gobierno.
El caso también ha puesto de relieve la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la continuidad del poder en situaciones excepcionales, como la incapacidad temporal de un presidente. La falta de vicepresidentes en el gobierno de Boluarte es un factor que complica aún más este tipo de circunstancias, dejando al país en una posición vulnerable ante posibles vacíos de poder.
En este momento, el resultado de esta controversia sigue siendo incierto. Mientras el Congreso continúa investigando el caso, la denuncia constitucional presentada por Ruth Luque podría tener implicaciones importantes para la presidenta y su gobierno. Además, este episodio plantea interrogantes más amplios sobre cómo se maneja la transparencia en la política peruana y sobre la necesidad de establecer procedimientos más claros y eficaces para abordar situaciones similares en el futuro.