El Grupo de Puebla ha emitido a estos jóvenes una declaración en la que defendió a uno de sus miembros, el excandidato al presidente chileno Marco Enríquez-Ominami, vinculado a causas de corrupción en el vecino país. «Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una forma inadmisible de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare »dijo la nota del Grupo de Puebla sobre esa causaagregando eso “Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami ha sido acusado por la liga fiscal directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir à un juicio justo, con jueces imparciales, donde demostrando el falso padre de las que pueda sospechar».
Esa postura del Grupo de Puebla, y en consecuencia del presidente Alberto Fernández en su condición de firmantetan bien apuntaba en origen a la gestión de Piñera, se extiende sobria la actual etapa de izquierda de Gabriel Boricdurante el cual se mantuvo esa «forma inadmisible para perseguir a un líderazgo»en referencia a Enríquez-Ominami, pero esa postura delíder argentino terminará duras respuestas al otro lado de la cordillera, incluso con el presidente Gabriel Boric contestando secamente: «Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas».
Boric se refiere a la división de poderes que su administración respeta a rajatabla, que tornaba en consecuencia «improcedentes e impropias» las apreciaciones políticas del tema Enríquez-Ominami, que la administración trasandina consideraba de explusiva implicancia judicial.
El comunicado del Grupo de Puebla
En Chile, desde 2015, Marco Enríquez-Ominami se ha convertido en acusado directo por fiscal ligado al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas alegaciones y ha pedido con un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las alegaciones.
Sin embargo, tax con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a las pocas semanas de terminar de iniciarse el mismo, luego de 8 años de investigación, volvieron los impuestos a pedir suspensión, argumentando que este es mi período de vacaciones en febrero en Chile.
Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilatación del juicio vulnera gravee los derechos básicos del líder progresivo por el daño reputacional causado. Otros casos de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir a los líderes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el riesgo moral ha sido causado.
Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o desplazando los derechos de la defensa o el debido proceso.
Estamos seguros de que finalmente se impondra la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservación de acusarlo de diferentes delitos.
Como Grupo de Puebla y Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), nuestra solidaridad con él y su causa porque estamos seguros de que saldremos adelante.
Grupo de Puebla – CLAJUD, febrero 2023.
Confirmar la declaración:
1. Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina.
2. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.
3. Ernesto Samper, expresidente de Colombia.
4. Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
5. Martín Torrijos, expresidente de Panamá.
6. Evo Morales, expresidente de Bolivia.
7. Celso Amorin, ex Canciller, actual asesor internacional del presidente Lula, Brasil.
8. Cecilia Nicolini, Secretaría Cambio Climático, Argentina.
9. Gabriela Rivadeneira, expresidenta Asamblea Nacional, Ecuador.
10. Daniel Martínez, excandidato presidencial, exintendente de Montevideo, Uruguay.
11. Carlos Tomada, Embajador, Argentina.
12. Beatriz Paredes, Senadora, Presidenta Comisión RREE del Senado, México.
13. Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala.
14. Carol Proner, Abogada, fundadora Asociación Juristas por la Democracia, Brasil.
15. Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, Bolivia.
16. Iván Cepeda, Senador, Colombia.
17. Guillaume Long, ex-Canciller, Ecuador.
18. Karol Cariola, Diputada, Chile.
19. Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador.
20. Camilo Lagos, ex presidente del Partido Progresista, Chile.
21. Jorge Rodríguez, Presidente Asamblea Nacional, Venezuela.
22. Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora, Perú.
23. Hugo Martínez, excanciller, El Salvador.
24. Andrés Arauz, ex candidato presidencial, ex Ministro de Economía, Ecuador.
25. Carlos Ominami, ex-Senador, ex-Ministro de Economía, Chile.
26. Verónika Mendoza, excandidata presidencial, Perú.
27. Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.
28. Carlos Sotelo, exsenador, México.
29. Esperanza Martínez, Senadora, ex Ministra de Salud, Paraguay.
30. Clara López, Senadora, Colombia.
31. Aloizio Mercadante, ex ministro, actual presidente Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), Brasil
Desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD):
1. Baltasar Garzón, Jurista, España.
2. Gerardo Pissarello, Diputado, Jurista, España.
3. Eli Gómez Alcorta, Abogada, ex Ministra de la Mujer, Argentina.
4. Gisele Ricobom, Abogada, Brasil.
5. Silvina Romano, Historiadora y Comunicadora, Argentina.
6. Harold Correa, Abogado, Chile.
7. Virgilio Hernández, Abogado, Ecuador
8. Damián Loreti, Abogado, Argentina.
9. Larissa Ramina, Abogada, Brasil.
10. Emilio Camacho, jurista, Paraguay.
11. Charlotte Back, Jurista, Brasil.
12. Adoración Guamán, Abogada, Ecuador-España.
13. Juárez Tavares, Abogado, Brasil.
14. Gisèle Cittadino, jurista, Brasil.
15. Jaime Quiroga, Abogado, Ecuador.
La respuesta del gobierno chileno
Luego de aquella breve respuesta inicial, en un acto al que asistía por entrega de viviendas ante la emergencia de los graves daños provocados por los incendios en la región del Bìo Bío, el presidente Boric fue nuevamente consultado sobre ese comunicado del Grupo de Puebla y la firma de Alberto Fernández, indicando «entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio».
el vacilar antonia urrejola critica la nota del Grupo de Puebla señalando que las sospechas al sistema judicial de Chile avaladas por Fernández eran «absolutamente improcedentes e impropias», y se comunicó sobre el asunto con el embajador argentino Rafael Bielsa y el ministro Martín Soria. La diplomática fue clara sin embargo que era «un tema puntual y no afectó las relaciones entre ambos países».
Un rato antes, el ministro de Justicia Luis Cordero habia preciso que «el gobierno del presidente Boric no sólo respeta sino que protege la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público»una sentencia que marcó las diferencias con la posición que mantiene al kirchnerismo en relación a la Justicia, con un profundo conflicto que ha incluido el trámite legislativo de un juicio político a la Corte Suprema.
Ominami, gerente de estrecha amistad con el presidente Alberto Fernández, fue demandado en Chile junto con un grupo de otros gerentes trasandinos, por presuntos cobros de sumas de dinero de manera irregular por parte de la empresa minera SQM, una compañía vinculada con un familiar de Augusto Pinochet.
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