La Fiscalía de Perú investiga a Dina Boluarte por presunto abandono de su cargo tras cirugía en 2023

La Fiscalía de Perú ha iniciado una investigación previa contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de “omisión de actos funcionales” o abandono del cargo. La investigación surge de un procedimiento quirúrgico al que se sometió Boluarte entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, y la supuesta falta de comunicación al Congreso de un posible impedimento temporal para el ejercicio de sus funciones durante ese período.

Ante esta medida, la Presidencia de la República aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones del Ministerio Público y reiteró que toda la documentación correspondiente a ese período se encuentra en orden. Según un comunicado oficial, no hay evidencia de omisión o abandono de funciones por parte del presidente.

Detalles sobre la cirugía y reposo médico de Boluarte

El caso ha generado un intenso debate político y mediático en el país. Esta semana, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y confirmó que el mandatario fue operado en 2023. Aunque no recordaba con precisión la fecha del procedimiento, Otárola describió que mantuvo constantes comunicación con Boluarte durante su recuperación.

“El día que se realizó la operación, al día siguiente hablé con el presidente. Por su voz se notaba que había sido operada de las fosas nasales”, dijo Otárola. Según su testimonio, Boluarte se reincorporó a los Consejos de Ministros presenciales una semana y media después del procedimiento.

Otárola también aclaró que la pausa médica de la presidenta fue breve y que su recuperación fue relativamente rápida, lo que, a su juicio, desestima las acusaciones de abandono del cargo.

Por su parte, el actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió a Boluarte en rueda de prensa, asegurando que el presidente nunca dejó el mando del país. Adrianzén calificó las acusaciones como parte de un intento de desestabilizar al Gobierno y el orden político en general.

Denuncias constitucionales por presunta violación de la Constitución

Además de la investigación fiscal, Boluarte enfrenta una denuncia constitucional presentada por la congresista Ruth Luque. En el documento, Luque acusa al presidente de violar los artículos 114 y 115 de la Constitución, que regulan los procedimientos en caso de impedimentos temporales o permanentes del jefe de Estado.

Según la denuncia, Boluarte habría estado ausente de sus funciones durante 12 días, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de la intervención quirúrgica. Luque sostiene que la presidenta no demostró el ejercicio efectivo de sus funciones durante ese período, lo que representaría una violación constitucional.

El artículo 114 de la Constitución establece que el Presidente de la República deberá informar al Congreso de cualquier impedimento temporal para ejercer sus funciones, mientras que el artículo 115 regula el traspaso temporal del mando en caso de incapacidad. La falta de notificación por parte de Boluarte ha sido el eje central de las críticas en su contra.

La relevancia política del caso en un contexto sin vicepresidencia

El caso cobra mayor relevancia debido a la ausencia de un vicepresidente en el actual gobierno de Perú. Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo tras intentar un autogolpe. Desde entonces, el puesto de vicepresidente ha permanecido vacante, dejando al país sin un mecanismo de sucesión inmediata en caso de que el presidente enfrente impedimentos temporales o permanentes.

Este vacío institucional ha llevado a que cualquier acusación de abandono del cargo genere preocupación sobre la estabilidad política del país. Para algunos críticos, la falta de claridad en la gestión de Boluarte durante su recuperación médica refuerza la necesidad de establecer procedimientos más transparentes en situaciones similares.

La respuesta del gobierno y las tensiones políticas

Desde el inicio de esta investigación, el gobierno de Boluarte ha denunciado que las acusaciones forman parte de una estrategia para desestabilizar su gestión. Tanto Otárola como Adrianzén han insistido en que la presidenta siguió desempeñando sus funciones durante el periodo en cuestión, aunque parte de su trabajo se desarrolló a distancia.

Boluarte, por su parte, ha reiterado que la cirugía a la que fue sometida no le impidió cumplir con sus responsabilidades como jefa de Estado. Según sus declaraciones, el procedimiento médico fue necesario por motivos de salud y no significó un cese efectivo de su trabajo.

El Ejecutivo también ha señalado que está preparado para aportar toda la documentación que respalde la continuidad de las funciones presidenciales durante los días en los que Boluarte se recuperaba. Este argumento busca contrarrestar las acusaciones de la congresista Luque y disipar dudas sobre un supuesto abandono del cargo.

Un caso que refleja las tensiones políticas en Perú

El inicio de esta investigación y las denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte son un reflejo de las profundas divisiones políticas que atraviesan el país. Desde que asumió el cargo, su gobierno ha enfrentado una oposición constante en el Congreso y una serie de conflictos internos que han puesto a prueba su liderazgo.

El caso también resalta los desafíos de gobernar en un contexto de incertidumbre institucional. La ausencia de un vicepresidente y las constantes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo han dificultado la estabilidad política en el Perú, dejando al país en un estado de vulnerabilidad a las crisis de gobernabilidad.

Mientras tanto, el avance de las investigaciones tributarias y el posible debate de la denuncia constitucional en el Congreso podrían marcar un punto de inflexión en la gestión de Boluarte. La presidenta se enfrenta no sólo al escrutinio judicial, sino también a un entorno político hostil que podría aprovechar este caso para intentar obligarla a abandonar el poder.

El desenlace de esta situación será crucial para el futuro del gobierno de Dina Boluarte y para la estabilidad política del Perú, en un momento en que el país necesita soluciones claras y consensos para enfrentar sus desafíos sociales y económicos.