La patronal empresarial Exceltur ha estimado que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, sin la compensación salarial prevista por el Gobierno, generará un impacto económico de 2.348 millones de euros en el sector turístico.

En un comunicado, Exceltur, que agrupa a importantes actores del sector como grandes cadenas hoteleras, aerolíneas, navieras, agencias de viajes, medios de pago, gestoras de reservas y consultoras, ha mostrado su preocupación por esta medida. La organización propone que la reducción de jornada se trate en la negociación colectiva específica de cada subsector.

El coste anual estimado de 2.348 millones de euros se basa en la necesidad de reducir la jornada laboral en puestos que requieren trabajo presencial. Este cálculo supone que las empresas serán capaces de encontrar trabajadores cualificados que puedan optimizar el tiempo de trabajo y que dispongan de los recursos necesarios para gestionar los turnos de forma flexible.

La aplicación de esta reducción de jornada supondría un incremento de los costes laborales totales de las empresas del 4,9% y una reducción de los beneficios anuales del 8,1%. Subsectores como la restauración y el transporte terrestre de viajeros se verían especialmente afectados, con caídas de beneficios del 19% y del 17,3% respectivamente.

Exceltur destaca que la negociación colectiva ha sido una herramienta eficaz para ajustar las condiciones de trabajo en España, permitiendo reducciones de jornada. Sin embargo, señala que las características específicas de la actividad turística, donde la mayor parte de los servicios son presenciales, hacen difícil ahorrar horas de trabajo sin afectar a la productividad. Muchas empresas podrían verse obligadas a reducir su horario de funcionamiento, lo que reduciría sus ingresos y pondría en riesgo su viabilidad.

El Ministerio de Trabajo, en el marco del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, pretende reducir la jornada laboral semanal de las 40 horas actuales a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025. Sin embargo, esta propuesta ha encontrado resistencia entre los empresarios, que han mostrado su preocupación tras meses de debate.