El vertiginoso avance de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado numerosos aspectos de la sociedad, brindando oportunidades inéditas en varios campos. No obstante, esta tecnología también presenta importantes desafíos en materia de privacidad y seguridad de la información. Lorenzo Cotino, quien asumió la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en febrero de 2025, enfrenta estos retos con una perspectiva innovadora.
Ampliación de la perspectiva de protección
Históricamente, los grupos vulnerables en el entorno digital han sido menores, personas de la tercera edad y personas con discapacidades. Cotino propone el término «vulnerabilidad digital» para incluir a otras poblaciones que pueden verse afectadas por la IA, tales como profesionales en determinadas áreas que podrían ser influenciadas por el progreso tecnológico. Esta visión más amplia facilita la identificación y protección de más individuos frente a posibles usos incorrectos de su información.
Requerimiento de recursos y cooperación
El establecimiento de normativas más rigurosas en torno a la IA demanda más recursos. Cotino destaca que la AEPD, con un equipo de 228 miembros, se enfrenta a dificultades para asumir sus nuevas obligaciones sin incrementar su personal y financiamiento. Asimismo, subraya la relevancia de trabajar en conjunto con otras entidades, como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), para monitorear de manera efectiva los sistemas de IA.
Formación y sensibilización pública
Educación y concienciación pública
Claridad y responsabilidad
Cotino respalda la implementación de registros públicos de algoritmos para mejorar la claridad en el uso de la IA. Este paso permitiría a los ciudadanos comprender cómo se manejan sus datos y aseguraría que las compañías sean responsables de sus sistemas de IA.
Salvaguarda de menores en contextos digitales
Protección de menores en entornos digitales
La protección de datos de menores sigue siendo una prioridad. Cotino destaca la necesidad de adaptar las regulaciones existentes para abordar los desafíos específicos que presentan los entornos digitales, asegurando que los menores estén protegidos de posibles abusos y riesgos asociados con la IA.