Mientras ex fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas continúan en prisión sin derecho a arresto domiciliario las puertas para exfuncionarios acusados de corrupción se abren de par en par.
El último caso es el del excandidato presidencial Manuel Baldizón quien estuvo prófugo por dos años; además fue condenado en EE.UU. y tras cumplir su pena en ese país fue deportado hacia Guatemala donde tiene múltiples procesos pendientes, de los que se salido bien librado. Son los casos Odebrecht y Transurbano. Dos jueces le impusieron una multa de Q1 millón y otro Q800 mil que Baldizón pagó casi inmediatamente.
El pasado 9 de enero, el juez Juan José Jiménez ligó a proceso penal a Baldizón, mas lo benefició con una medida sustitutiva en caso Odebrecht donde recibió cuando menos US$ 1.3 millones para financiar a su partido político. En este caso fue la misma FECI de Consuelo Porras, quien peleó para que los acuerdos de colaboración eficaz fuesen cancelados, algo que benefició a Baldizón.
Mientras que el diecinueve de octubre la juez Virginia de León benefició a Baldizón con una caución económica de Q1 millón por el caso Transurbano debido a que se verificó que desvió por lo menos Q6.5 millones del subsidio del Transurbano para su campaña política.
Esto prueba el trato diferente que se le está dando a ex fiscales que lucharon contra la impunidad y a políticos que cometieron actos de corrupción, ya que a estos segundos, las puertas se las abren de par en par.
Alejandro Sinibaldi investigado por millonario caso de corrupción de Odebrecht
