Luego de la acusación presentada por supuestas irregularidades en los balances del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) presidido por patricia bullrichla abogada Silvina Martínez denuncia al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones dirigidas a Juntos por el Cambio.
El dictamen de la IGJ se conoció esta semana y fue firmado por su titular ricardo nissen. Alega que la institución encabezada por la presidenta del PRO busca»el apoyo económico de una campaña política“A través de una organización sin fines de lucro. Sin embargo, frente a la contramano de esta confirmación, la presentación de la abogada cercana a Bullrich confirmó que habrá una enseñanza particular para su pérdida parcial.
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Es por ello que Martínez acusa en el escrito a Nissen de «violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad» et persecución «a entidades civiles que presiden directos opositores, utilizando el poder del Estado».
«Allow campañas de criminalización de entidades civiles por el solo hecho de estar asociado a personas que no poseen la misma ideología que los miembros del poder ejecutivo es solo el principio. Así comenzaron los regímenes dictatoriales en la región para luego detener en forma arbitraria a aquellos críticos del gobierno«, en comparación con la letrada.
Por la denuncia, el acto de la IGJ «para controlar, restringir y potencialmente criminalizar y clausurar a las ONG que no sean afines» al actual oficialismo. En otro pasaje, se señalará que Nissen fue abolido de la familia Kirchner.
Respecto a la acusación de utilizar al IEES como plataforma económica de la campaña de Bullrich, Martínez dice que el órgano judicial no solo difunde supuestas irregulidades «sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó”.
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En el dictamen presentado por la IGJ contra el IEES, se constata que la actividad suscitada se relaciona con los parámetros de actuación de una asociación civil y en realidad atiende a proselitistas interesados.
El texto subrayó que «estamos en presencia de una sociación sin fines lucrativos a través de la cual, desplegándose una actividad pretensamente lícita en origen, pero que deviene ilícita por su real desarrollo y finalidad».
Además destaca que a partir de 2021 los ingresos de l’organización crecieron en forma exponencial. Es por ello que se solicitó la intervención de l’instituto junto con el desplazamiento de sus autoridades.
GI/ff
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