:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/PFZT5MCA3NCGBOOE2DJOVVDUF4.jpg)
Controversia. El abogado María Caruajulca envió una carta notarial al Ministro de Justicia, Eduardo Arana, instándolo a cumplir con la orden del Poder Judicial (PJ) de reintegrarla como fiscal general del Estado, cargo que actualmente ocupa Javier Pacheco, porque de lo contrario tomará medidas legales. acción. La mañana de este martes 21 de mayo, la abogada se acercó a la institución para regresar a su cargo, pero no la dejaron ingresar a su despacho.
(ACTUALIZACIÓN): Este miércoles 22 de mayo se conoció que el Poder Judicial rechazó los recursos de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia para no cumplir con la reinstalación de María Caruajulca como Fiscal General.
Además, reiteró la orden de dar cumplimiento a la resolución judicial bajo advertencia de informar a la Fiscalía por «la evidente demora».
LEER TAMBIÉN | “La Dinámica del Centro” seguirá bajo prisión preventiva: los argumentos del PJ para rechazar la libertad de ‘Pinturita’
En el escrito notarial, al que tuvo acceso El Comercio, Caruajulca detalló que, cuando acudió a la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), en el distrito de San Isidro, la titular de la Asesoría Jurídica, Jackeline Rocío Rojas Grandez, y el abogado de la Gerencia General, Óscar Ubaldo Quispe Valeriano, le dijeron sin darle “ningún motivo” que “no podía ingresar a la institución”.
Por ello, pidió a la ministra Arana “cumplir de inmediato” con la gestión de la resolución suprema para que pueda ser reinstalada como Fiscal General del Estado y que en caso contrario “adoptará las acciones legales pertinentes”.
Tras el impasse en la PGE, Caruajulca acudió a la Comisaría de San Isidro para elaborar el parte del incidente, que remitirá al Poder Judicial “para que decida las siguientes acciones”. Lo dijo al salir de la comisaría. También señaló que “en este momento no cabe ningún argumento por no cumplir con el mandato judicial y más si proviene de un órgano constitucional”.
“Habría aparentemente desobediencia a la autoridad y un abuso de autoridad (…) Como poder del Estado tiene que hacer cumplir sus mandatos judiciales, de lo contrario no estaríamos en un estado democrático de derechos”, expresar.
“No entiendo cómo un funcionario público puede ser objeto de incumplimiento de una orden judicial y exponerse a denuncias penales”, declarado en otro momento.
Además, advirtió que el incumplimiento de la disposición del PJ podría “conducir a un proceso de destitución de los funcionarios públicos que no las respeten” e “incluso a una detención provisional en caso de que se genere una denuncia penal”.
Finalmente, se dirigió a la presidenta Dina Boluarte para pedirle que intervenga en su caso “por el bien del país”. Recordó que su caso comenzó en 2022 y que el Poder Judicial podría tardar en resolverlo por la carga procesal.
“Señora Presidenta, con el mayor de los respetos le pido que pida que se informe sobre mi caso y vea en mí una hija que está luchando por la justicia (…) Confío en usted y le aseguro que es por el bien de la país.» (…) Vengo con toda la energía para luchar por el bien del país para que luego sea reconocido”, le dijo al presidente.
Minutos después, declaró a Exitosa que se plantea denunciar penalmente al ministro de Justicia por «desacato», pero que espera no tener que «hacerlo».
.
LEER TAMBIÉN | PGE solicita inicio de proceso contra el congresista Eduardo Salhuana
Decisión
Como se recuerda, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la reposición de Caruajulca tras revocar el fallo de primera instancia que rechazó la medida cautelar a su favor. La decisión fue notificada al Poder Ejecutivo el pasado lunes 13. Además, le dio un plazo de 3 días para acatar la disposición, la cual se cumplió el 20 de mayo. Sin embargo, no se cumplió.
Por el contrario, este martes 21 de mayo, más de una semana después, el Ministerio de Justicia cuestionó el fallo y anunció que no lo ejecutará porque existe una «polémica jurídica, que afecta la institucionalidad» de los PGE porque el cargo Actualmente lo ocupa Pacheco, quien “fue designado con las formalidades de ley”.
La cartera señaló, mediante comunicado publicado en fecha distinta a la existente al momento de otorgarse la medida cautelar, contribuiría a su exigibilidad”.
«Ante lo anterior, el Minjusdh, la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y el PGE se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente del citado órgano jurisdiccional, en respuesta a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del árbitro”, añade el ministerio.
El lunes, Caruajulca envió una carta a Pacheco, en la que le pidió que dejara de realizar acciones de dicho cargo a partir de la medianoche de este martes. Advirtió que de lo contrario, “como Fiscal General del Estado se tomarán las acciones legales que correspondan, conforme a derecho”.
En la carta, publicada por El Comercio, Caruajulca cita la medida cautelar dictada a su favor. Además, señala que él mismo ingresó escritos al expediente judicial de su reintegro los días 17 y 20 de mayo solicitando participar en el proceso.
Además, la carta citaba la ley orgánica del Poder Judicial. Allí se establece que «toda persona y autoridad está obligada a acatar y cumplir las decisiones judiciales… sin poder calificar su contenido o fundamento, restringir sus efectos o interpretar su alcance, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa».
“Ninguna autoridad, cualquiera que sea su rango o denominación, ajena a la organización jerárquica del Poder Judicial, puede intervenir en el conocimiento de casos pendientes ante el órgano jurisdiccional”, añade la ley.
Respuesta Consultado por este Diario sobre la decisión de impedirle el ingreso a Caruajulca, la PGE respondió: «La señora ingresó a la Fiscalía General de la Nación como se puede ver en las imágenes».
LEER TAMBIÉN | Erick Iriarte: “Lo que buscan los proyectos del Congreso es que las libertades de expresión y prensa no sean posibles”
HECHO
- Este jueves 23 de mayo a las 9:00 horas la Primera Sala Constitucional evaluará el tema de fondo del caso Caruajulca. La abogada explicó a El Comercio que lo que se abordará es si fue correcto que la despidieran alegando falta de confianza. “El tribunal puede decidir sobre el fondo o puede ordenar que sea el tribunal quien decida”, remarcó.
- Como se recuerda, Caruajulca fue designado a finales de febrero de 2022, en sustitución de Daniel Soria, con resolución firmada por el entonces presidente Pedro Castillo y el exministro de Justicia Ángel Yldefonso. Unos meses después fue apartada del cargo luego de que un informe de la Contraloría General de la República advirtiera que había sido designada para el cargo pese a que no presentó una declaración jurada de que no tenía ningún proceso en su contra. .
- Este martes, Caruajulca negó “que no haya presentado su declaración jurada y descartó que haya existido una denuncia en su contra cuando era abogada del SJL, según informó “Panorama”.
- También se defendió de los cuestionamientos por guardar silencio durante un interrogatorio a Pedro Castillo por el Caso Puente Tarata. Señaló que no hizo preguntas en el interrogatorio porque duró 4 horas y fueron 114 preguntas y ella estaba preparada con una lista de 54 preguntas y le hizo las preguntas que le correspondían.
- Alegó que fue removida “probablemente” por haber presentado una denuncia penal contra Castillo tras un informe de contraloría sobre un nombramiento en Petroperú.
LEER TAMBIÉN | Sin equilibrio de poder: el Congreso no tiene oposición a posiciones antitécnicas
críticos
El exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el exabogado anticorrupción Antonio Maldonado cuestionaron la decisión del Ministerio de Justicia y advirtieron sobre posibles delitos.
Para Andía, la situación es «muy grave», en primer lugar porque el Ministerio de Justicia está incumpliendo una decisión judicial de una sala constitucional, que «no es una instancia cualquiera».
“La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las resoluciones judiciales son de ejecución inmediata sin interpretación. Por lo tanto, la resolución judicial que ampara el regreso inmediato de la ex procuradora (María Caruajulca) no puede ser materia de interpretación. Se cumple porque hay que cumplirlo»,lugar.
Dijo que “no hay por qué decir que no se puede cumplir porque se ha generado una controversia”. “Esto es lo mismo que pasó en el caso de Daniel Soria. El Ministro de Justicia Félix Chero en ese momento lo reemplazó y lo que hizo fue anular el nombramiento de Javier León”, agregó.
Advirtió que el Ministro de Justicia y funcionarios de la PGE que impidieron el ingreso a Caruajulca “estarían en flagrante delito de desobediencia y resistencia a la autoridad” y que Pacheco estaría cometiendo el presunto delito de “usurpación de funciones”.
Respecto a esto último, advirtió que si el tema queda en “limbo” y cualquier acto que realice queda nulo de pleno derecho. “Como mínimo debería haber puesto a disposición su puesto o haber realizado una consulta. “Eso quitaría responsabilidad por usurpación de funciones”, añadió.
“Esto favorece a los funcionarios investigados por la PGE. ¿Cómo serían sus procesos si las acciones de Pacheco fueran declaradas nulas de pleno derecho?». sostuvo.
Maldonado tuvo una opinión similar. “La medida (del PJ) se tiene que seguir, le guste o no al Minjus y al actual Fiscal General del Estado. «No es una medida que tenga efectos suspensivos, no cabe recurso ni reconsideración», destacado.
“El Minjus está cometiendo una acción de ignorancia y desobediencia. Se equivoca, no hay lugar a aclaraciones por parte del PJ. «Están cometiendo un delito de resistencia a la autoridad», él advirtió.
También indicó que lo que haga Pacheco no debería tener ningún efecto jurídico “una vez vencido el plazo para ejecutar la orden judicial”. “El procurador ya no es Pacheco”.
“Es una ironía tener que elegir entre el abogado designado por Castillo… y el abogado designado por la señora Boluarte. «Es una tragedia institucional», Él concluyó.