La Inspección General de Justicia solicitó la nulidad de la sociedad mercantil «Dakota SA», exconcesionaria del servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires, por los «graves y reiterados» incumplimientos a las normativas vigentes.
«Dakota» trajo el servicio de transporte de autos mal surtidos en Buenos Aires hasta multas de septiembre, junto a la firma «BRD SAICFI», y ahora está siendo cuestionada por no haber presentado los estados contables, ni haber pagado tasas, en el período 2018 -2022.
Con el fin de hacerse de esos documentos contables, la IGJ presentó en el domicilio entregado por «Dakota» a principios de enero y los Inspectores no encontraron señal alguna de la empresa, aunque días después se presentó una empleada de l’estudio «Pérez Alati , Grondona, Benites & Arntsen» con registros incompletos de actividades comerciales.
«Cuando la sociedad realicee actividades ilícitas se procederá a su disolución»
Además, la IGJ ha detectado un traspaso de facultades a favor de Marcelo Violante, quien después de 20 años es el «controlante exclusivo de Dakota SA», recibiendo una remuneración «muy superior a la de los resteres directores».
La IGJ precisó que en 2014 la empresa costó 350 pesos para liberar el vehículo secuestrado hasta que, a finales de 2022, costó 6.525 pesos, al igual que el cañón que pagó a la empresa no se movió por 55.000 pesos.
Por ello, la IGJ invocó el artículo 19 de la Ley de Sociedades Comerciales, que establece que «cuando la sociedad de objeto lícito realicee actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio», para solicitar la disolución de la empresa a la justicia.
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