El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aguardó la respuesta de la compañía telefónica Personal de los oficiosjudices en los que requirió a la firma precisiones sobre el trámite de obtención de varias líneas celulares a nombre de Horacio Rosatti.
El titular de la Corte Suprema de Justicia denunció en los tribunales de Comodoro Py la contratación a sunumer de cuatro abonados de telefonía haciendo uso para ello de su número de DNI y la dirección de su domicilio en la provincia de Santa Fe.
Según la acusación, Rosatti se enteró de la existencia de dichas líneas luego de que su domicilio llegaran las boletas de intimidación de pago de Personal, compañía de la cual manifestó no ser cliente.
A pesar de que trata de un delito de cuyo autor se conoce su identidad, la investigación quedó a cargo del Ministerio Público. La primera intervención vino de la mano del fiscal de turno Gerardo Pollicita; luego, y tras sorteo, el expediente quedó en manos del juez Martínez de Giorgi, quien trabaja con la fiscal Paloma Ochoa. La denuncia se caracteriza como «falsificación de documento destinado a acreditar la identidad», delito que prevé una pena en expectativa de hasta ocho años de prisión.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el alta de las cuatro líneas se dio entre los meses de enero y febrero en Misiones, provincia de donde está oriundo Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de 22 años que admitió haber pirateado el celular del exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.
Si bien es llamativa la coincidencia, de momento no hay indicios que vinculen una causa y la otra. Nuñes Pinheiro fue investigado un principio de esta semana para la jueza María Araceli Martínez y la fiscal especializada en delitos informáticos Diana Dupuy. A él ya otras cuatro personas sindicadas como coautores se les imputan los delitos de daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas y suplantación digital de la identidad.
Según lo manifestado por Nuñes Pinheiro, fue contactado por una persona a través de la aplicación Telegram quien le pagó entre 12 y 15 mil pesos en criptomonedas para realizar la maniobra de «SIM Swap» que consiste en clonar el chip del celular de D’Alessandro validando su identidad con datos obtenidos de manera ilegal.
Con la información recabada en la investigación, el magistrado tiene derecho a dirigir la investigación hacia posibles autores intelectuales y financieros. No se descarta que la jueza pueda agregar la figura penal de asociación ilícita vista la gran cantidad de prueba obtenida.
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